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La Fiscalía y la Audiencia de Sevilla apoyan la competencia de Alaya

Mientras, la Junta recurre para apartarla del caso de la formación.

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Susana Díaz no quiere que las olas del caso de la formación lleguen hasta la Consejería de Presidencia, cargo que desempeñó en tiempos de la presidencia de José Antonio Griñán o al actual consejo de Gobierno que preside. Las salpicaduras comprometerían gravemente su futuro político. Por ello, la petición de la juez Alaya de que entregue las actas de los Consejos de Gobierno en que ella misma ha participado ha sentado tan mal que la Junta se ha precipitado al recurrir el apartamiento de la juez del caso de la formación, precipitación que la ha hecho chocar de frente con la propia Fiscalía Anticorrupción y con la Audiencia Provincial de Sevilla.

De hecho la posición de la Fiscalía, que ha tenido sus más y sus menos con la juz como es bien conocido, fue comunicada el pasado miércoles. Según su escrito, la Fiscalía esgrimió que no había motivos para poner en duda la competencia de la juez Alaya ya que, como recuerda atinadamente El Mundo, hace un año la Audiencia Provincial de Sevilla aclaró que a Alaya le corresponde investigar las supuestas irregularidades de los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz,

Además, a estas alturas, la juez ta tiene muy avanzada la investigación sobre las ayudas concedidas a empresas del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas. Quizá el temor de la Junta de Andalucia consista en sospechar que el caso de los ERE y el de la formación puedan conectarse de algún modo y provocarse un terremoto político.

¿Por qué la Junta, con Susana Díaz al frente, disolvió tres entes de formación por irregularidades que no denunció? Lo cierto es que nada más pedir la juez Alaya el acta de un consejo de gobierno presidido por Díaz, concretamente, el del pasado 28 de enero, la Junta se ha lanzado en tromba contra la juez y exige su apartamiento del caso.

¿Qué fue lo que pasó en ese Consejo de Gobierno y en su "consejillo" previo? Pues que la Junta aprobó el desmantelamiento de tres consorcios, de formación: el Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información (Forman) de Málaga; el Centro de Formación Medioambiental para el Desarrollo  Sostenible (Formades) de la localidad onubense de Almonte; y el Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI), en el municipio gaditano de San Fernando.

El motivo de la disolución de estos entes fue que su oferta duplicaba a otras existentes y que había problemas jurídicos y desequilibrios económico-financieros y de funcionamiento. Pero en vez de denunciarse las irregularidades que provocaron su desmantelamiento, se disolvieron sin más dilación.

Pero en su declaración judicial , el director general de Formación Profesional de la propia Susana Díaz, Carlos Cañavate, aseguró a la Guardia Civil que nada más llegar a la Dirección General tuvo que cerrar el grifo de las subvenciones a las tres entidades mencionadas –Forman, Formades y CTI– porque "estos consorcios, inmediatamente después de recibir la subvención, daban traslado a una serie de empresas constituidas como UTE".

Recordatorio de Forman y Formades

Tras su disolución, la oferta de Forman -comunicaciones y tecnologías de la información- la asumió el centro público de formación profesional Rafael Salinas de Málaga: la de Formades -enseñanza ecuestre- la adoptó el IES Doñana, de Almonte, y la del CTI -soldadura naval y aeronáutica- se repartió entre el IES Virgen del Carmen, de Puerto Real; el centro fijo de formación profesional Jerez, de Jerez de la Frontera, y el IES San Severiano, de Cádiz.

Forman estaba gestionado por una UTE formada por la Fundación Novasoft y la Fundación Valentín de Madariaga. que habían presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa para reclamar 1,6 millones de euros que el consorcio les debería y que les ha impedido continuar con los cursos de formación.

Además, el Ayuntamiento de Málaga recordó que la privatización de la gestión de Forman se llevó a cabo sin consultar con él y que desde 2010 no se había producido ninguna reunión del consejo. Desde el Consistorio insisten en que la deuda, calculada en 5 millones de euros, podría ser mayor teniendo en cuenta todos los fondos Feder recibidos desde que esta UTE se hizo cargo.

Por otra parte, Formades, de Almonte (Huelva), localidad gobernada por el PSOE hasta 2011, ya fue denunciada por LIbertad Digital en 2011 por sus irregularidades. Formades era un centro de formación provincial del entorno de El Rocío donde aparecía muchos familiares del PSOE, entre ellos, un sobrino del entonces vicepresidente tercero del gobierno , Manuel Chaves. El sobrino se llama Fernando Chaves Pascual y su esposa, Rocío Pilar Medina Macías, también trabajaba allí.

Huelva era entonces el feudo de los insignes socialistas onubenses Petronila Guerrero y Javier Barrero. Pero desde hace unos años, el manijero ascendente se llama Mario Jiménez, actual portavoz parlamentario de Susana Díaz, que tiene asimismo relaciones familiares en diversos entes de la provincia.

El problema es que Carlos Cañavate, actual director general de la Formación Profesional en el gobierno de Susana Díaz, vinculaba los tres consorcios suprimidos con el fraude de la formación induciendo a pensar que había grupos de empresas que acudían de manera concertada para recibir subvenciones y justificar de manera fraudulenta. Igualmente, el ex funcionario Teodoro Montes, jefe del servicio, aludió a los consorcios como ejes de la corrupción en la formación.

La reacción de la Junta

La Junta ha decidido publicar en Internet las actas de las reuniones de los viceconsejeros del Gobierno autónomo, denominadas consejillos, llevadas a cabo entre 2001 y el 18 de octubre de 2012. El Ejecutivo ha acordado levantar el secreto de estas reuniones tras reclamarle la juez Mercedes Alaya el pasado viernes todas las actas de las reuniones entre estos años dentro de las actuaciones del caso de los ERE fraudulentos. La publicación estaba prevista entre esta madrugada y el martes, según el Ejecutivo. En paralelo, la Junta entregará este martes las actas en el juzgado de Alaya.

Pero, sobre todo, la Junta ha presentado recurso para que la juez deje de investigar la trama de la formación y las ayudas formativas acusándola de "autoatribuirse" una instrucción que los abogados de la Junta consideran nula en todo lo instruido hasta el momento, sobre todo, las declaraciones del director general Cañavate y el funcionario Teodoro Montes, ahora testigo protegido tras la recepción de amenazas y presiones.

La Junta además se escandaliza por la ignorancia de la juez Alaya a la que acusa de ignorar las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El País subraya además que Alaya limita la capacidad de ejercer competencias propias, entiende la Junta, y "criminaliza" la institución y supone una limitación a sus funciones.

El titular de 'El País'

Su texto era el siguiente: "El Congreso de los Diputados, el Parlamento de Andalucía, el Ministerio del Interior, magistrados, fiscales… El listado de instituciones a las que se ha enfrentado la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, sigue al alza. Es una espiral que viene de lejos, pero esta semana la instructora puede haber cruzado una línea invisible de difícil retorno. En solo dos breves autos, la juez ha logrado ponerse en contra a los casi 80.000 agentes de la policía, a 34 magistrados y fiscales andaluces, además de los medios de comunicación, a los que ha amenazado con incurrir en un delito de desobediencia si difunden imágenes de su testigo estrella en la causa de los cursos de formación, Teodoro Montes".

Al día siguiente, ayer mismo, la Junta rechazaba que la juez siguiera instruyendo el caso de la formación.

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