María Zaplana, hija del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, se encuentra entre las 26 personas a las que investiga el juez Santiago Pedraz por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en el marco de la causa abierta por irregularidades en el entramado societario encabezado por el hijo menor del expresidente de la Generalidad catalana, Oleguer Pujol.
El magistrado, que ordenó el pasado jueves registros en distintas viviendas y oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla relacionadas con el menor de los Pujol, investiga a la hija de Zaplana por su relación con algunas de las empresas de su marido, el antiguo socio de Oleguer y fundador de la gestora Drago Capital, Luis Iglesias.
Pedraz ha recibido denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra un total de 26 personas físicas y 40 sociedades. Intenta aclarar el origen de los fondos con los que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria.
La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Drago con distintas sociedades ubicadas en paraísos fiscales y vinculadas al hijo menor de Jordi Pujol. Según informa la empresa en su página web, Drago Capital es una compañía de inversión y gestión inmobiliaria que opera en la Península Ibérica y que fue fundada en el año 2000.
Desde sus inicios, ha cerrado operaciones por importe de más de 3.000 millones de euros de la mano de grandes inversores institucionales extranjeros y nacionales. Entre los activos adquiridos se encuentran edificios de oficinas, propiedades residenciales, locales comerciales, apartamentos turísticos y hoteles.
También se encuentran entre las transacciones investigadas las realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.