Ya se conocía que Manuel Pastrana Casado, ex secretario general de UGT Andalucía durante más de una década, se había negado a declarar como consecuencia de una crisis grave de la enfermedad que padece. Esta misma mañana su sucesor al frente a la UGT andaluza, Francisco Fernández Sevilla, imputado como el anterior en el caso de las facturas falsas y desvío de subvenciones, se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que le atribuye delitos de falsificación y fraude de subvenciones.
Fernández Sevilla ya había pedido la suspensión de su declaración porque no había tenido tiempo para analizar el sumario y porque aún quedaba un atestado importante de la Guardia Civil por remitir al juzgado. Su abogado Manuel Pérez Cuajares, ha explicado que el motivo de acogerse a su derecho a no declarar ha sido porque hay cierta documentación que fue intervenida por la Guardia Civil en un registro en el sindicato que no fue puesta a disposición del juzgado y que será enviada en unos dos meses en un atestado que está ultimando la Unidad Central Operativa (UCO). Esta información, considera, es de "interés para la investigación de los hechos", por lo que Fernández Sevilla quiere conocerla antes de prestar declaración en este caso.
Fernández Sevilla, cuya firma aparece en muchos documentos que constan en el sumario, se considera "inocente" de estos hechos y tras su comparecencia, ni el fiscal Anticorrupción ni las demás acusaciones han solicitado al juez que adopte ninguna medida cautelar respecto al sindicalista.
Francisco Fernández también está imputado en la causa de los ERE fraudulentos por la juez Mercedes Alaya en relación con las ayudas a la tabaquera Altadis, hechos por los que la Fiscalía le ha solicitado ya una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.
Recuérdese que el caso de las facturas falsas de UGT y desvío de dinero procedente de subvenciones a la formación de parados, que Libertad Digital publicó en exclusiva durante un mes, justificó la imputación de la antigua cúpula de la UGT-A. Fue la contundente declaración del ex vicesecretario de Administración y Recursos Humanos y extesorero de UGT-A Federico Fresneda, la que ratificó para el juez la implicación de ambos ex secretarios generales en las decisiones ejecutivas de la organización, y en concreto en las referidas a la creación de la Central de Compras, "mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".
Los mecanismos usados en la presunta práctica delicitva fueron conocidos como el rápel y el bote. El primero, explicó el juez en una resolución, "permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la subvención". El bote estaba "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro". De este modo, el sistema que facilitaba al sindicato "financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no se correspondían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados".
Téngase en cuenta que fue la Fiscalía Anticorrupción la que solicitó la imputación de ambos dirigentes sindicales, quienes fueron "titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato". En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía explicó entonces que se trataba de la "financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" en la que se usaron el rápel y el bote. La central de compras fue, según el juez, inspiración directa de Manuel Pastrana y la continuó Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo en que sucedió a Pastrana".