Es lo que se deduce de la continuidad del enfrentamiento que se viene produciendo en la investigación del fraude en los cursos de formación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, algo de lo que informó cumplidamente Libertad Digital el pasado día 24 de octubre. Dado que la Guardia Civil y la Policía Nacional dependen de un mando único, la Secretaría de Estado de Seguridad, es evidente que las tensiones derivan de la decisión de la juez Alaya de apostar por la Guardia Civil en exclusiva y la resistencia de la Policía Nacional a dejar el caso, resistencia que, al parecer, no ha sido cortada desde el Ministerio del Interior.
Recuérdese que la juez Alaya anunció su propósito de unificar todo el caso de la corrupción en los cursos de formación en otro gigante macrosumario, lo que molestó a la Policía Nacional, descubridora tras una minuciosa investigación, del caso Edu en Málaga.
Poco después, el día 24 de octubre, la juez emitía un auto en el que instaba al director general de la Policía el cese inmediato de toda actividad en torno a los cursos de formación. Sin embargo, se trataba de una investigación que la Comisaría General de Policía Judicial había iniciado a comienzos de 2013, tras la denuncia de la Seguridad Social, trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y presentada ante el juez.
La juez Alaya tiene desconfianza en la Policía Nacional y hace dos años, como recuerda El Mundo, en la instrucción de los ERE apartó a la Policía y pasó la investigación a la Guardia Civil.
La juez consideraba que la actual situación, de Policía y Guardia Civil investigando por su cuenta, pone en peligro serio la presente investigación y su éxito.
La desconfianza procede del inspector de Policía que dirigió la investigación en Mercasevilla hasta que fue relevado por la Guardia Civil por orden de la juez Alaya. Fue este mismo inspector quien esparció dudas sobre la instrucción de la juez Alaya.
El inspector manifestó judicialmente que el caso estaba dirigido por "criterios judiciales" y no "policiales". Según informó El País, el policía, pues, achacó a la juez Mercedes Alaya que la investigación no se culminara como debió haberse hecho, ya que había indicios y él tenía el "convencimiento" de que existía un acuerdo entre los empresarios denunciantes del caso de extorsión de La Raza y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce para el pago de una comisión ilegal. Los empresarios habían negado cualquier connivencia con los acusados en sus comparecencias.
Fue la juez Alaya quien quitó a este policía la investigación de los ERE fraudulentos en junio de 2011 para entregársela a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Alaya justificó que este cambio de manos se debía a que la UCO tenía más medios que los ocho policías dedicados al caso, lo que fue considerado un agravio comparativo sin precedentes.
El inspector defendía la idea de que los empresarios de La Raza, Pedro Sánchez y José Ignacio de Rojas, habrían aceptado en un principio abonar las comisiones ilegales y que pidieron los 300.000 euros de mordida a un banco. Pero luego, agobiado por el fiscal dijo: "Creo que no era cierto".
Incluso el Juez tuvo que intervenir por la frivolidad del policía. En un momento, éste dijo: "Lo que parecía evidente al principio luego no es tan evidente", dijo sobre la investigación el policía. Y el juez Márquez intervino diciendo: "¿Esta contestación a qué viene? ¿A qué viene decir que no se han dado cuenta de todo lo que verificaron? No parece serio".