La Audiencia Provincial ha decidido mantener la imputación de la infanta Cristina por delito fiscal pero la levanta por el delito de blanqueo. La medida, en principio, mandaría a la infanta al banquillo, pero existe la posibilidad de que Cristina de Borbón se beneficie de la denominada doctrina Botín. La Agencia Tributaria sería la parte perjudicada por el delito fiscal y se da la circunstancia de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía no piden la imputación. Sólo están a favor las acusaciones populares y, según esta doctrina impuesta tras un fallo del Supremo sobre Emilio Botín, no sería suficiente para ir a juicio.
Ante esta circunstancia, que podría desembocar en que doña Cristina se libre del banquillo, los técnicos de Hacienda que se agrupan en Gestha han exigido a la Agencia Tributaria que "rectifique su criterio" y pida, en el escrito de acusación que presente la Abogacía del Estado en su nombre, "la correspondiente responsabilidad penal" de Cristina de Borbón. Si no lo hacen, recuerdan, se facilitaría que el juez Castro aplique la doctrina Botín y se ponga fin al proceso.
Gestha recuerda, para apoyar su petición, que la infanta fue vocal de Nóos y es la copropietaria de Aizoon. Y cita la "infinidad de tickets" de gastos personales que la pareja cargó a la sociedad, utilizada presuntamente para blanquear fondos.
Precisamente sobre este asunto ha sido preguntada la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Cuando se le ha interrogado sobre si la Abogacía del Estado corregirá su postura sobre la infanta, Soraya Sáenz de Santamaría ha evitado dar una respuesta escudándose en que "la Agencia Tributaria es una persona jurídica dentro de la Administración" y que será la Agencia Tributaria "la que tendrá que decidir su posición procesal".