La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, ha abierto diligencias para investigar si la cesión de locales públicos para la celebración del 9N puede ser constitutiva de delito según fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes indican que se trata de investigar si la cesión de locales municipales, centros educativos públicos u otras instalaciones dependientes de las administraciones públicas para instalar urnas podría suponer un delito, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido el proceso.
Esta misma semana, el TC acordó por unanimidad suspender el golpe del 9N que la Generalidad pretende dar este domingo, así como todas las actuaciones relacionadas con el mismo, a pesar de lo cual los promotores han decidido seguir adelante con el denominado "proceso de participación ciudadana".
La previsión de la Generalidad es que se pueda votar en 942 de los 947 municipios catalanes, en concreto en 1.317 locales con 6.695 mesas con más de 40.000 voluntarios. Para llevar a cabo este proceso, se cuenta con la colaboración de los funcionarios que se hayan inscrito como voluntarios, aunque no tendrán "ninguna tarea especial", según la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega.
El Gobierno central, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha planteado ante la inminente consulta que si la Generalidad no interviene en la misma, no actuará. "Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", expuso el ministro.
Ante este planteamiento, Artur Mas, decidió ceder el protagonismo y "la ejecución" de la consulta a los voluntarios, si bien mantendrá su "responsabilidad" en el proceso y les amparará.