Tres jueces se abstienen de actuar y se acogen al criterio de la Fiscalía, que considera "desproporcionado" retirar urnas y cerrar colegios
En Cataluña no hay más "ley" que la de Mas y el frente separatista, por lo que el 9-N se ha convertido en la exhibición inicialmente diseñada, en un espectáculo en el que todo resulta "cívico, pacífico y democrático", un "éxito de participación", una "fiesta de la normalidad" y una "victoria sobre el Estado", según se ufanaba en manifestar Carme Forcadell, la líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, se ha salido con la suya. Dijo que habría "locales, urnas y papeletas" y así ha sido, aunque el escenario al que se aboca la política catalana no le sea especialmente favorable. Tal demostración de fuerza ha sido posible por la negativa de los Mossos d'Esquadra a identificar a los "voluntarios" encargados de abrir los centros públicos que se han utilizado de colegios electorales, instrucción de la Fiscalía que el responsable político de los agentes autonómicos, el consejero de Interior Ramon Espadaler, ha incumplido al hacerse responsable Mas en declaraciones públicas del "proceso participativo". Eso sí, los Mossos han facilitado a la Fiscalía, pasadas varias horas de la apertura de los locales, el listado de centros públicos que han acogido el 9-N.
Tras esta farsa, las resoluciones judiciales de urgencia ante las denuncias de UPyD y de varios ciudadanos se han saldado con la negativa a retirar las urnas por considerarse una "respuesta desproporcionada". Así, los jueces de guardia en Barcelona, Badalona y Tarragona se han acogido al criterio de los fiscales, atentos todos a la consigna de no impedir el 9-N. La resolución del juez Gonzalo de Dios, en funciones de guardia en Barcelona, recoge ese criterio, la consigna que manejan los fiscales en Cataluña. En el texto judicial se expresaba así: "No existen razones de urgencia o relativas al orden público que aconsejen la retirada de las urnas o el cierre de los locales de votación (...) el ciudadano es libre de expresar su opinión cuando desde los poderes públicos se le convoca y se le facilita que lo haga".
La "conjura" jurídico-política ha facilitado a la administración autonómica y al bloque de partidos separatistas la comisión de un pucherazo en toda regla. Pasadas las dos de la tarde, la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega, aseguraba que hasta las 13:00 horas habían votado más de un millón cien mil catalanes, un dato sorprendente habida cuenta de que sólo había 1.317 locales para votar. Los resultados no se sabrán hasta bien entrado el lunes, además de que la Generalidad prevé dos semanas más para que puedan votar aquellos catalanes que se encuentren fuera de Cataluña. No hay un solo dato procedente de la administración autonómica o de las organizaciones y partidos de la consulta que responda a la realidad. De hecho, una de las dificultades del "proceso" es unificar versiones y acordar porcentajes que satisfagan tanto a CiU, como a ERC y la ANC.
El líder de Unió, Josep Duran Lleida, que votó "si" a la primera pregunta (¿Quiere que Cataluña sea un Estado?) y "no" a la segunda (¿Quiere que este Estado sea independiente?). Ese fue el voto también de Joan Herrera, el dirigente de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V), otro de los partidos del bloque cuyo liderazgo se disputan Mas y Junqueras. Así, las negociaciones para fijar un porcentaje a esa singular opción de un Estado no independiente son uno de los escollos principales para acelerar la información sobre los resultados. De todas maneras, el porcentaje de participación es la clave del éxito y ahí también hay una negociación entre la ANC, que pretende inflar la cifra hasta casi los tres millones y CiU, que se conforma con dos millones de personas, cifra que le resulta más realista a sus estrategas. Pasadas las ocho de la tarde, la Generalidad decía que a las seis de la tarde habían votado casi dos millones de catalanes.
El censo electoral oficial en Cataluña es de 5.400.000 personas. Las estimaciones del censo ampliado (mayores de 16 años y extranjeros) elevan esta cifra a un millón más, de tal forma que en el referéndum habría participado algo más de un treinta por ciento de la población llamada a las urnas.