La Audiencia Nacional respalda la tesis sostenida por el juez Pablo Ruz de que el PP se lucró de los fondos obtenidos por la trama Gürtel. La Sala de lo Penal ha confirmado que "existen indicios" de que el Partido Popular (PP) "se ha aprovechado en determinada cuantía de los efectos de los supuestos delitos" que cometieron los exalcaldes de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, por sus actividades con la trama 'Gürtel'.
En un auto notificado este martes, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal -presidida por la magistrada Ángela Murillo- rechaza el recurso de apelación que los 'populares' presentaron contra un auto dictado en julio pasado por Ruz en el que cuantificaba en un total de 236.864 euros el lucro que el PP de Pozuelo y el de Majadahonda podrían haber obtenido de las actividades de la trama.
"Existen indicios de que el Partido Popular se benefició de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propias de dicha formación política, la cual tuvo que tener conocimiento de aquellos dispendios, pues repercutió en su propio peculio,
de forma que dejó de abonar aquellas sumas que otros
pagaron como gastos de las campañas electorales desplegadas
en Pozuelo y Majadahonda", subraya la Sala de lo Penal.
La resolución, con ponencia del magistrado Juan Francisco Martel, confirma la condición del PP como responsable civil como partícipe a título lucrativo de los delitos investigados en la "primera época" de funcionamiento de la trama 'Gürtel', que se desarrolló, según la cronología que hizo el juez Ruz, entre los años 1999 y 2005, y apunta que "resulta plenamente compatible la jurisdicción contable asignada al Tribunal de Cuentas con la jurisdicción penal que en la causa se está ejercitando".
Además los jueces señalan que la personación del PP en la causa "no es novedosa", puesto que entre mayo de 2009 y abril de 2013 ejerció de acusación popular, una situación que no impide afirmar que "existen indicios" de que los 'populares' "se beneficiaron de las cuantías que los imputados dedicaron a realizar actividades propia de dicha formación política". En todo caso, la Sección apuntan que será en el juicio oral donde se determine con exactitud los "contornos" de la responsabilidad civil y su cuantía exacta.
"La labor del Poder Judicial"
En relación con el argumento del PP de que todos sus gastos fueron contabilizados y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, la Sala señala que la competencia de este órgano se refiere al plano contable, "sin perjuicio de las otras jurisdicciones en la que se establece prevalencia", en referencia en este caso a la vía penal, que, además, sería "preferente e ilimitada".
La Audiencia responde al respecto que la fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas no choca con que haya abierto un procedimiento penal en el que se investigue el dinero obtenido por el PP a través de una trama de corrupción. "Pretender que el Tribunal de Cuentas sea quien decida, a los efectos penales, la cantidad malversada y su valoración desde un punto de vista culpabilístico, es tanto como sustraer del Poder Judicial, en este caso representado por la jurisdicción penal, una función que constitucionalmente le viene atribuida", dicen los magistrados.
El pasado 24 de septiembre el juez Ruz rechazó el recurso de reforma presentado por el PP en un auto en el que destacaba la necesidad de que la formación de Mariano Rajoy, que pidió la condición de perjudicada, sea partícipe a título lucrativo en el procedimiento para que "se neutralice cualquier ventaja generada con motivo de la presunta comisión de las infracciones penales" atribuidas a Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y Guillermo Ortega.
El tribunal, además, ha desestimado otros 12 recursos interpuestos contra la resolución que el juez Ruz dictó el pasado 29 de julio y en la que abría una pieza separada para llevar a juicio a un total de 45 imputados, entre los que se encuentra el exsenador del PP Luis Bárcenas.
Además del extesorero, en esta pieza separada están imputados el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los presuntos líderes de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo; el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, el antiguo responsable de las fianzas de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís, los exalcaldes de Majadahonda Guillermo Ortega y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda y el exdiputado Jesús Merino. De los 45 imputados, 21 serán juzgados por estos hechos y otros 24 continuarán encausados en la causa principal o en otras piezas separadas.