La presión sobre los fiscales es máxima y no procede sólo del PP y del Gobierno. El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, nombrado en verano del año pasado, está en plena sintonía con el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, pero se ha encontrado inopinados escollos a la hora de establecer los criterios de la querella que se presentará en las próximas horas o días ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Algunos de los fiscales se han mostrado fieles seguidores de la doctrina de su antiguo jefe, Martín Rodríguez Sol, a quien se le aceptó la dimisión tras mostrarse partidario del "derecho a decidir" de los catalanes. Rodríguez Sol no sólo encontró el amparo de la Generalidad sino el de algunos de sus subordinados, que entendían que esas declaraciones eran compatibles con la neutralidad de la justicia. Meses antes de esas palabras, a finales de 2012, Rodríguez Sol abría diligencias contra el periódico El Mundo por publicar que el padre de Artur Mas tenía cuentas en el extranjero. Rodriguez Sol había sido nombrado en verano de ese mismo año y se le consideraba un fiscal conservador.
Las disquisiciones de algunos de los fiscales respecto al 9N inciden en que sólo se podría actuar, aunque no sería conveniente, contra Mas y la vicepresidenta Ortega, y tan sólo por un delito de desobediencia, con lo que pretenden dejar fuera los supuestos de prevaricación y malversación, así como al consejero de Justicia, Germà Gordó (cuyo departamento fue el encargado de la compra de las urnas y la impresión de las papeletas), al de Interior, Ramon Espadaler (jefe político de los mossos que incumplieron las instrucciones de identificar a quienes abrían los colegios) y a la de Enseñanza, Irene Rigau, por la apertura de los centros de enseñanza para la peculiar jornada. También eximir de responsabilidades a los funcionarios y cargos de confianza que gestionaron el operativo del 9-N bajo las instrucciones de la Generalidad.
El debate interno y la sensibilidad de algunos fiscales a las presiones de la administración autonómica ponen en valor el testimonio de Dolores Ajenjo, la directora de instituto que se negó a abrir su centro para el referéndum separatista y que se lamentaba de que era más fácil sucumbir a las presiones del departamento de Enseñanza que cumplir la ley.