La Junta de Fiscales de Sala ha respaldado de forma casi unánime la decisión del fiscal general Eduardo Torres Dulce de presentar una querella contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, por la celebración de la consulta del 9-N alternativo.
En una reunión que se ha prolongado este miércoles durante cuatro horas, la Junta de Fiscales de Sala -compuesta por fiscales del más alto rango de la cúpula del Ministerio Público- ha coincidido al unísono en que detrás del referéndum del pasado 9 de noviembre hay indicios de que se pudieran haber cometido varios delitos parte del presidente catalán y algunos miembros de su gobierno.
Tan sólo dos de 25 los fiscales han presentado dudas técnicas a la hora de presentar la citada querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El fiscal Bartomolé Vargas -fiscal coordinador de Seguridad Vial- se ha mostrado reacio a que la Fiscalía presente la querella alegando que ya se están tramitando una decena de denuncias por el 9-N en el TSJC y que, por lo tanto, el Ministerio Público podría mostrarse a favor de sus admisiones a trámite sin la necesidad de presentar una querella propia.
Por otro lado, el fiscal Pedro Crespo -fiscal de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo- ha puesto objeciones a la hora de que la querella incluya el delito de desobediencia, según fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital.
Sin embargo, ninguno de los 25 fiscales que integran la Junta de Fiscales de Sala ha compartido el criterio de la Junta de Fiscales de Barcelona que, por unanimidad, apreció falta de materia penal para presentar una querella contra Artur Mas por lo sucedido el pasado 9-N en Cataluña después de que el TC no hiciera un requerimiento expreso a la Generalidad y, en consecuencia, informó al fiscal general de que no tenían intención de iniciar un procedimiento judicial contra el president.
Entre los fiscales que se han mostrado a favor de querellarse contra Mas se encuentra el teniente Fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas; la fiscal jefe del Tribunal Constitucional Ángeles Sánchez Conde; el exministro de Justicia del PSOE Mariano Fernández Bermejo; el fiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza; o, el fiscal del Tribunal Supremo Eduardo Fungairiño, entre otros.
Sin embargo, el dictamen de la Junta de Fiscales no es vinculante aunque es indudable que la decisión que ha adoptado este miércoles el 'consejo de sabios' de la Carrera Fiscal supone un balón de oxígeno para Torres Dulce que vio cómo los fiscales catalanes rechazaban presentar la querella contra Mas.
Habrá querella en el TSJC
El siguiente paso es que la citada querella sea redactada por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y posteriormente enviada al fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que la presente ante el TSJC.
En el borrador de querella redactado por el departamento que dirige Torres Dulce se explicaba que la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional en su auto del pasado 4 de noviembre "no dejaba margen alguno a la duda" a que y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado "proceso de participación" por lo que el 9-N no se ajustó a la legalidad.
El fiscal general sostiene que la acción penal debería dirigirse contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9N.
Ahora será la Secretaria Técnica -siguiendo las órdenes de Torres Dulce- la que dé los últimos retoques al documento que se presentará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según fuentes consultadas la citada querella se presentará esta misma semana.