Un día después de la reunión de la Junta de Fiscales para aunar criterios tras la negativa de los fiscales catalanes a acatar la orden de Torres-Dulce, el fiscal general del Estado se ha referido a la situación creada por la querella contra Mas. En su opinión, no ha habido "rebelión" sino "debate".
En declaraciones en el Senado, Torres-Dulce ha afirmado que han mostrado una disparidad de criterio respecto a la Fiscalía General y la Junta de Fiscales de Sala "ha decidido que era procedente la orden" que le dio al fiscal superior, José María Romero de Tejada. Para el fiscal, es "una exageración y una absoluta falta de veracidad" decir que hay "fiscales rebeldes o amotinados" porque lo que la querella sobre el 9N ha demostrado es que la Fiscalía "no actúa a golpe de orden" sino a través de un debate jurídico.
"En todo este proceso, lo único que me ha preocupado es que se cumplan los principios que ordenan la actividad del Ministerio Fiscal escrupulosamente, oír primero siempre a los fiscales, sujetarse a la legalidad, comportarse con imparcialidad y que funcionen los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica", ha reconocido.
Dicho esto, Torres-Dulce ha confesado que le preocupaba también que hubiera "decisiones contradictorias" en el seno de las Fiscalías y este aspecto se ha solventado con el informe de la Junta de Fiscales de Sala reunida este miércoles.
No habla sobre la querella contra Mas
A su juicio, la institución del Ministerio Público ha funcionado con "absoluta normalidad" de acuerdo a sus Estatutos de funcionamiento y su actuación "refuerza la idea de que no funciona a golpe de orden, sino de debate previo, jurídico". "Y al final el principio de dependencia jerárquica, los fiscales jefes y el fiscal general del Estado toman las decisiones ajustadas al Estado de Derecho", ha remachado.
Además, ha remarcado que la querella contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y otros responsables del Gobierno catalán todavía no se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha evitado hacer comentarios sobre su extensión o contenido "hasta que no se haga efectiva" ante los jueces, que deberán decidir sobre ella.