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La Junta quiere que la defensa de los imputados se pague con pólizas suscritas con dinero público

La Agencia IDEA concertó pólizas con dos compañías para que se hicieran cargo de la defensa de los miembros que tuvieran problemas con la justicia.

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Aunque parezca mentira, la agencia IDEA concertó pólizas con dos compañías aseguradoras en las que éstas, según la Junta, tenían la obligación de hacerse cargo de la defensa de los miembros de la Agencia si eran imputados en algún procedimiento judicial. Tras intentar que el consejo Rector aprobase un acuerdo para pagar estas defensas en caso de que las aseguradoras se negaran a hacerlo, ahora se insiste en que dichas pólizas obligan a las aseguradoras a correr con los costes de la defensa, a lo que éstas se han negado y han interpuesto una demanda judicial.

El problema radica, como ha subrayado ya Esperanza Oña, diputada del PP en el Parlamento andaluz, en que se haga de un modo o de otro, lo cierto es que son los ciudadanos andaluces los que corren con los gastos de las defensas de unos imputados que ni siquiera, muchos de ellos, son cargos públicos andaluces.

El consejero de Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, aseguró ayer que la Agencia IDEA no ha destinado ni un euro a pagar la defensa de los imputados por los ERE y que quien debe hacerse cargo de esa defensa son las dos compañías de seguros que trabajan con IDEA, a pesar de que se han negado a ello.

Sánchez Maldonado ha asegurado que IDEA lleva 21 años pagando estas pólizas de seguro (con dinero público de esta agencia instrumental de la Junta) y que ahora deben responder, para lo que hay un litigio en los tribunales.

La diputada popular Esperanza Oña conminó al consejero Sánchez Maldonado a ser claro con los andaluces y explicarles detalladamente quién va a pagar las defensas de los imputados por los ERE y que se sentaban en el Consejo Rector de la Agencia IDEA.

Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, se ha plantado ante el PSOE y ha decidido exigir responsabilidades y dimisiones en el caso del pago de las defensas de los imputados en el caso de los ERE pertenecientes a la Agencia IDEA.

Recuérdese que el viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Luis Nieto, fue quien presidió la reunión del consejo rector de la Agencia IDEA, convocado con urgencia, que aprobó pagar las defensas de los imputados del mismo en el caso de los ERE con dinero público. IU quiere saber quién es el responsable político de la decisión para, probablemente, pedir su dimisión o, en otro caso, su cese. Todos los indicios apuntan a Nieto aunque cabe la posibilidad de haya un responsable político más elevado.

Se ha sabido porque Izquierda Unida forzó al consejo rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz (Idea), convocado de manera extraordinaria, a revocar la decisión anterior del 13 noviembre para asumir el pago de las defensas de su cúpula, imputada por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE. Recuérdese que la agencia IDEA, una agencia pública, está en todas las salsas corruptas de los ERE y del caso Invercaria. El Consejo Rector había elaborado un plan para conseguirlo impulsado por su presidente, el viceconsejero Luis Nieto Ballesteros, cuya dimisión baraja pedir Izquierda Unida.

Según El País, se trataba de la firma de un acuerdo comercial por 900.000 euros con dos aseguradoras para el anticipo y pago de los gastos de asistencia jurídica a directivos y miembros del consejo rector imputados por la juez en "el ejercicio de sus funciones".

El PSOE se ha visto forzado a tomar la decisión porque el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, exigió la revocación inmediata del acuerdo el lunes pasado durante una reunión del comité de enlace de PSOE e IU, socios del Gobierno andaluz.

En su auto del 13 de mayo pasado, la juez Alaya imputó a toda la cúpula de Idea —el organismo de la Junta que pagaba las ayudas de los ERE que luego concedía la Consejería de Empleo— entre 2001 y 2008 por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. Entre los 16 imputados figuraban personas relevantes de banca y de la economía como el presidente de Unicaja, Braulio Medel; el expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; el ex secretario general de Universidades José José Domínguez Abascal y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.

El viceconsejero de Economía, Luis Nieto Ballesteros, convocó una reunión urgente del consejo rector de IDEA, que preside él mismo, el pasado 13 de noviembre. En la reunión se aprobó autorizar un acuerdo comercial con las aseguradoras ARCH y QBE para que cada una de ellas pusiese a disposición de la agencia pública 450.000 euros para el anticipo de los gastos de defensa. Incluso se quería proceder al pago de las fianzas pero no fue aprobado.

La agencia IDEA había contratado un seguro de responsabilidad de administradores y directivos con QBE Insurance, una póliza vigente desde el 1 de abril de 2013 a 1 de marzo de 2014. Antes la aseguradora ARCH Insurance fue la contratada entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2013. Pero las dos se negaron a hacerse cargo de los gastos por los honorarios de las defensas de los imputados. La Junta las demandó y pidió que de manera cautelar pagaran los gastos por asistencia jurídica, pero el juzgado falló a favor de las compañías en un auto del 17 de julio pasado.

El consejo rector de IDEA presidido por el viceconsejero Nieto de hace una semana autorizó al director general de Idea suscribir el acuerdo comercial con las aseguradoras, mientras se resuelve en firme la demanda. El diario de Prisa afirma que así se lograba el objetivo de atender de modo cautelar los gastos de defensa de los imputados. El gasto máximo aprobado fue de 900.000 euros.

El acuerdo del Consejo rector contó con un informe jurídico favorable que apoyaba el pago de las defensas de los miembros del consejo rector con dinero público pese a no tener la consideración de personal funcionario o laboral. Pero dos miembros del consejo rector, que no asistieron a la reunión, comunicaron por escrito su "rechazo absoluto" a la autorización del pago de las defensas. Fueron el viceconsejero de Fomento y la directora de Comercio, ambos de IU.

El gobierno de Susana Díaz dice desconocer el convenio aunque su impulsor fue nada menos que el viceconsejero de Economía, Luis Nieto Ballesteros.

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