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El fraude en la formación de Andalucía alcanza al 90% de los casos

No se sabe dónde ha ido a parar el 25 por ciento de las subvenciones.

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En la investigación sobre las ayudas dadas por la Junta de Andalucía a cursos de formación, en el marco del primitivo caso EDU iniciado en Málaga por la Policía Nacional, Andalucía arroja como resultado provisional, según fuentes de toda solvencia consultadas por Libertad Digital, que casi el 90 por ciento de lo examinado evidencia la existencia de prácticas corruptas. Sólo en la provincia de Sevilla, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, la Udef, ya ha tomado declaración al menos a 500 personas, alumnos y empresarios, que en su mayoría confirman el fraude. En las ocho provincias, la Policía ha optado por un muestreo, procedimiento similar al utilizado por la Cámara de Cuentas y su escandaloso resultado ha impresionado incluso a la propia Policía.

Entre las conclusiones principales está que las subvenciones a la formación profesional en Andalucía se han dado preferentemente a "los malos", esto es, entes o personas inadecuadas que no cumplían los requisitos pero que eran elegidos por la propia administración andaluza. En realidad, los "buenos" han sido una minoría tales como los Salesianos, Cáritas, empresas tradicionales de enseñanza y otros. La verdad es que una vez dentro del sistema también se vieron obligados a renunciar al 25% de la subvención y a otros  "tributos" aunque,  a veces, también han tenido "espabilados" dentro de sus empresas. 

Resulta especialmente llamativa la conclusión de que no se sabe dónde ha ido a parar el 25 por ciento de las subvenciones a los cursos de formación que habitualmente retenía la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que no llegaba nunca a los beneficiarios de las subvenciones a cambio de no tener que justificar los gastos. Si en su conjunto el montante del fraude de la formación puede superar los 2.000 millones según los expertos, hay al menos 500 millones de euros que no aparecen. La policía cree que buscarlos debe ser objetivo de la Cámara de Cuentas de Andalucía y, naturalmente, de la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Lamentablemente, la política está inmiscuyéndose en las investigaciones. En este caso, se ha hecho llegar a los investigadores la "conveniencia" de terminar en marzo todas las conclusiones aunque necesitarían algo más de tiempo. Según las fuentes de LD, el gobierno del PP no quiere que el escándalo coincida con las elecciones municipales para evitar la acusación de oportunismo o manipulación.

Los resultados de la investigación policial en las ocho provincias son demoledores puesto que el nivel de fraude supera el 87% y eso, dicen, haciendo la vista gorda y no abarcando, voluntariamente, más que lo que se puede investigar realmente.

Lo que han encontrado en sus pesquisas, textualmente, es un "desmadre, el abuso, la inutilidad de los cursos, el robo institucionalizado, las falsedades, la implicación culpable del SAE, de muchos inspectores, el descontrol consciente y voluntario...".

El procedimiento utilizado por la Policía ha sido analizar una muestra por cada provincia. La muestra consiste en el análisis de una o dos resoluciones de la Junta de Andalucía concediendo ayudas y cursos de formación escogidas al azar.

Entre las resoluciones seleccionadas no han estado las emitidas por la Dirección General de Formación Profesional, que son de cuantías muy superiores. Los investigadores deseaban que el trabajo fuera posible y abarcable y que los resultados de las muestras fueran fiables.

Sólo en Sevilla, la UDEF ha interrogado a varios cientos de alumnos que asistieron a los citados cursos de formación que contaron con subvenciones especiales de la Delegación Provincial de Sevilla y se ha investigado a una treintena de empresas para dilucidar si en la concesión de esas ayudas pudiera haber indicios de delitos de prevaricación y cohecho y una supuesta connivencia entre quien dio la subvención y quien la percibió.

Entre las irregularidades que se han investigado está que muchas de ellas tuvieran falta de capacidad para poner en marcha los citados cursos de formación, que tuvieran deudas con la Seguridad Social o que no hubiera ni publicidad ni concurrencia competitiva en la concesión de las subvenciones, o sea, que se hubieran concedido arbitrariamente. También se analiza si se cumplían los compromisos de contratación.

Los investigadores se dan por satisfechos porque se la logrado desmontar un sistema corrupto de formación para los jóvenes y desempleados andaluces. Están siendo investigadas, además de la Consejería, Fundaciones como Forja XXI, las Unidades Territoriales de Desarrollo Local, los Consorcios como Formades, conocido ya por el caso de la yegua alemana y otros entes. Queda, según los investigadores, examinar el comportamiento de la Fundación Tripartita a escala nacional, la Fundación Laboral de la Construcción y algunas otras aún no investigadas.

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