Tal día como hoy, 23 de enero, pero de 2008, Libertad Digital contaba en su portada la última ocurrencia de Consum Catalá, la Asociación Catalana de Consumidores, dependiente de la subvencionada Omnium Cultural. Esta organización culpó de los apagones o el caos de cercanías a "empresas estatales como Renfe o Correos, dirigidas por anticatalanes convencidos, como Endesa". Además, señalaba a Manuel Pizarro diciendo que "recordemos quién era el presidente de Fecsa-Endesa hasta hace muy poco, y por qué partido político se presenta en las próximas elecciones".
Era la valoración de ese colectivo después de que más de 70.000 personas se quedaran sin luz durante más de seis horas por culpa de un incendio en la subestación eléctrica de Fecsa en Badalona. Según Consum Catalá, "sólo con unas infraestructuras controladas por un gobierno catalán y fuerte podremos evitar los casos de negligencia y dejadez que presentan las infraestructuras". Este grupo nacionalista culpó de esa situación a "empresas que están dirigidas por personas contrarias a los derechos y a los sentimientos de los catalanes, y que no tienen otros objetivos que hacer dinero a costa de los catalanes con la mínima inversión".
Desde el año 2002, la Generalidad de Cataluña subvenciona a la entidad Omnium Cultural, que promovió un boicot catalanista a los productos donde no primaba el etiquetado en catalán. El secretario de Coordinación Interdepartamental señaló que "al Gobierno no le consta que, con recursos públicos, la entidad Omnium Cultural haga una campaña como la que plantea el ilustre diputado". De hecho, la Generalidad le concedió una subvención de 548.000 euros para el año 2005.
Dos años después volvió a salir a la luz la campaña promovida por Omnium Cultural consistía en ofrecer cada semana una lista de los productos que debían comprarse y los que merecían "boicot activo" por no primer su etiquetado en catalán. Ese boicot se difundía y controlaba a través de la web compraencatalan.org y era válido para los "Países catalanes". Esta web llevaba operando desde el año 2002 para que se castigara con el ‘no compreu’ a los productos que no etiquetaban en catalán.
La intención de la receptora del dinero público a través de la campaña "compra en catalán" era claro: "El catalán siempre ha de aparecer, en primer lugar y en situación preferente, como la lengua propia de los Países Catalanes, un mercado de 11 millones de potenciales consumidores que comienzan a exigir sus derechos como ciudadanos libres. Por tanto, a partir de ahora, y de forma progresiva, los miembros de las entidades impulsoras de la Organización de Consumidores y Usuarios en Lengua Catalana fomentaremos la compra exclusiva de aquellos productos que incorporan el catalán en el etiquetado y en la publicidad, y promovemos el boicot activo de aquellas empresas y productos que no cumplan con estos mínimos requisitos lingüísticos".