Aunque la obtención de su plaza como magistrada en la Audiencia de Sevilla obligaría a la juez Alaya a incorporarse en febrero o en marzo como máximo dejando los asuntos de su ya famoso juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, cabe la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial le conceda una comisión de servicio para que cierre, o intente hacerlo, los casos que tiene en fase de instrucción, sobre todo las macrocausas como los ERE o la formación.
Como subraya el grupo Joly, en siete años sólo ha finalizado la instrucción de una única causa, la del cohecho de Mercasevilla, origen del escándalo de los ERE fraudulentos y que acabó con la condena de sólo dos de las cuatro personas a las que imputó. Otras dos causas están a punto de cerrarse. Una es la del delito societario relacionado con la gestión de Manuel Ruiz de Lopera, que se inició en 2008, y la relacionada con la venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla.
De incorporarse a su plaza, la juez Alaya dejaría sin instruir apenas el principal caso de corrupción de la historia andaluza, el de los cursos de formación fraudulentos, que junto al de los ERE, deja en pañales todo lo conocido en España sobre corrupción -incluyendo el caso Pujol, el caso Gürtel, el caso Bárcenas y todos los demás relevantes conocidos en otras Comunidades.
La macrocausa de los cursos de formación, una investigación que ha confirmado a la Policía que en un 90 por ciento los casos los cursos de formación han sido, cuando menos, irregulares ya ha supuesto la imputación de los ex consejeros de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y Ángel Ojeda, y al margen de la actuación judicial, ha originado el descalabro político y moral sobre todo de UGT Andalucía sin perder de vista a Comisiones Obreras.
La juez tampoco ha logrado terminar la instrucción de la causa del delito societario de Mercasevilla, que data de 2009 ni la de Operación Madeja o Enredadera y el pago de mordidas a funcionarios a cambio de favores en los contratos público en el Ayuntamiento de Sevilla.
El caso, en plena campaña electoral
Recuérdese que la juez ha "preimputado", esto es, ha relacionado con hechos delictivos en un auto y les ha invitado a ejercer su derecho a la defensa, a nueve aforados. El caso de cinco de ellos, los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, más los ex consejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, ha sido asumido por el Tribunal Supremo que podría llamarlos a declarar en el mes de febrero o dejar esta declaración para después de las elecciones anticipadas andaluzas dilatando el procedimiento.
Pero los cuatro aforados restantes, todos ellos ex consejeros de la Junta y hasta hoy diputados del parlamento andaluz -Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo-, perderán precisamente su fuero en cuanto se disuelva la Cámara Andaluza, algo que puede ocurrir mañana. De ser así, la jurisdicción sobre su caso volvería del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la juez Alaya mientras esté al mando del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.