La quiebra de la Generalidad, que vive de las inyecciones del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), no es impedimento para trazar los grandes planes de la hipotética república catalana. Así se ha puesto de manifiesto con el acuerdo para aprobar los presupuestos que han alcanzado este lunes convergentes y republicanos y que contiene un partida para L'Agència de Protecció Social, que es el nombre que tendría la Seguridad Social del nuevo Estado, así como otra para la Hacienda catalana.
A pesar de que ERC pretendía imponer un "acento" social en las cuentas públicas de la Generalidad, la literalidad del pacto presupuestario incluye el aumento hasta casi once millones de euros para la Hacienda propia, que se justifican por una competencia de la que carece la Generalidad, la lucha contra el fraude. En cambio, la nueva Seguridad Social, que debería establecer la continuidad del Estado del Bienestar dispone para empezar de una partida ridícula, tan sólo 700.000 euros, lo que evidencia que se trata de un gasto de cara a la galería.
Para contrarrestar el efecto, republicanos y convergentes se han sacado de la manga un nuevo "compromiso", el de elaborar un inventario de los bienes públicos en Cataluña al objeto de negociar con las autoridades españolas el reparto de activos y pasivos del que procedería el dinero necesario para su Seguridad Social.