La Intervención General de la Junta, a través de su delegación provincial en Jaén, utilizó una muestra de 59 expedientes sobre un universo de 393 expedientes, el 15% de los mismos. De los 59 seleccionados, 10 se refieren a cursos para parados de las Corporaciones Locales, 33 de empresas privadas y 16 de instituciones y familias sin ánimo de lucro. Jaén es una de las provincias con mayor tasa de paro de España y por ello, es aún más grave que el informe de la Intervención concluya que la Consejería de Empleo, en su Delegación de Jaén, no cumplía con sus obligaciones y ha permitido una cantidad escandalosa de irregularidades muy similares a las ya publicadas de Cádiz, otra provincia desgarrada por el desempleo.
Irregularidades sobre los procedimientos
Las fundamentales son las siguientes:
a) No hay constancia documental de los criterios utilizados para la selección de los cursos solicitados y baremación otorgada a las entidades beneficiarias.
b) Se desconoce el procedimiento y los criterios que han servido de base para la selección de los alumnos.
c) En todos los expedientes examinados consta una resolución provisional de solicitudes presentadas, baremación y selección de alumnos. El 37% de dichas resoluciones carecen de firma. Asimismo, consta, por curso impartido, lista oficial de alumnos que en el 5% de los casos carece igualmente de firma por lo que no se puede comprobar su idoneidad.
d) En ninguno de los 59 expedientes hay evaluación de calidad ni informe de inserción/impacto, o sea, que se desconoce el porcentaje de alumnos que obtuvo empleo y/o formación adecuada.
e) El personal docente era pagado con deferencias desorbitadas, entre 13,91 y 210 euros/hora.
Se han observado disparidades significativas en las retribuciones del personal docente que oscilan entre 13,91 euros/hora y 210 euros/hora.
Irregularidades de las justificaciones
a) En un 53% de los expedientes examinados, no había una memoria explicativa de los criterios de imputación aplicados a costes directos, asociados y otros costes por parte de las entidades beneficiarias.
b) En el caso del personal (docente y de colaboración) no se ha podido comprobar si los costes de Seguridad Social y/o la imputación aplicada ha sido la correcta.
c) No se tiene constancia de los gastos que el Servicio Andaluz de Empleo ha considerado como no elegibles y que determine la diferencia entre la cantidad solicitada por el beneficiario y la realmente concedida.
d) En un 50,90% de los expedientes analizados no consta la certificación de haber incorporado el pago en la contabilidad del beneficiario con indicación del asiento contable. En un 37% no se aportan contratos: de personal (docente y de colaboración), arrendamiento (aulas, equipos, material, etc).
e) En cuanto a las facturas, se ha podido constatar que en un 24% de los expedientes de la muestra no se acompañan facturas de diversa índole, pertenecientes tanto a costes directos como costes asociados y otros costes. Asimismo, en un 18% de los expedientes, las facturas se emiten en un periodo que difiere al de las acciones formativas, bien sea con anterioridad y/o con posterioridad a las mismas.
f) Ha sido imposible la comprobación de aquellos gastos o justificantes que han sido verificados por auditor y admitidos por el Servicio Andaluz de Empleo pero que no constan en los expedientes lo que podría dar lugar al reintegro de su importe.
Incluso en uno de los expedientes analizados el SAE acepta la renuncia del beneficiario a la acción formativa con fecha 05/02/2013, pero no exige el dinero mediante el inicio de expediente de reintegro.
Por todo ello, la Intervención concluye que la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo no ha cumplido con la legislación que le es aplicable.