Se ha sabido ahora que el consorcio Ociomijas pagó tres veces el mismo estudio sobre el empleo en el sector turístico por 14.760 euros, en tres subvenciones distintas. El estudio lo hizo un observatorio autonómico creado en el año 2006 por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT y Comisiones Obreras. Por si fuera poco, la Junta de Andalucía compró jamones con una subvención destinada a impartir cursos en la Escuela de Formación de Artesanos del municipio sevillano de Gelves, otro de los 14 consorcios investigados. Recuérdese el caso de la yegua comprada en Alemania por el Consorcio Formades de Almonte (Huelva) y se tendrá una idea de cómo han funcionado estos Consorcios hechos desaparecer por la Junta antes de que se pudiera pedir una Comisión de Investigación sobre ellos.
La corrupción existente en los Consorcios de Formación de la Junta es una de las vías de investigación que sigue el equipo de la Guardia Civil que ayuda a la juez Mercedes Alaya. Es el cuarto pilar de la instrucción del fraude generalizado de la formación para parados, junto con los empresarios y entidades beneficiadas y el caso Delphi con el ex consejero Ojeda al fondo.
6.348 euros en jamones
Se supo por el recibo 43/08 del proveedor Jamones Badía que tenía el concepto por importe de 6.347,99 euros. En otra factura, número 247 de la empresa Catering Sayca, aparecía el concepto "catering", por valor de 1.498 euros. Osea, una imputación irregular por importe global de 7.845,99 euros que deben ser reintegrados, según detalla un informe del 14 de julio de 2011, años antes de que estallara el escándalo del fraude de la formación en abril de 2014.
Los responsables de la Escuela de Gelves alegaron sobre los jamones diciendo que "dichas facturas se corresponden al 20% financiado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y son gastos de atenciones protocolarias contemplados en el desglose de gastos subvencionables en la resolución de la subvención". Dicho en román paladino, los responsables del consorcio, como subraya El Mundo, pretendía endosar el coste de los jamones al SAE, y no al Fondo Social Europeo (FSE), aprovechándose de que la subvención procedía en un 20% de fondos de la Junta y el 80% restante de la UE.
Los responsables de la Escuela de Gelves "colaron" los jamones en un a subvención certificada el 17 de diciembre de 2009, un año en el que los 14 consorcios recibieron más de 20,5 millones en ayudas. En 2008, la cantidad ascendió a casi 24 millones.
No fue la única irregularidad porque había facturas "invisibles" para los investigadores que importaban más de 45000 euros. La Cámara de Cuentas de Andalucía ya alertó en enero de 2013 que en los Consorcios se producían desembolsos que no eran "necesarios para el desarrollo de la actividad" formativa.
El caso del informe pagado tres veces en el Consorcio Ociomijas y los 7,3 millones irregularmente cargados. El Consorcio imputó el coste del citado informe (14.760 euros) a tres ayudas durante varios ejercicios. ABC informa de que dos de ellas se sufragaron con fondos europeos para instruir a jóvenes en paro y trabajadores en especialidades relacionadas con el turismo, la hostelería y el ocio en este centro formativo ubicado en el municipio malagueño de Mijas.
Las alarmas no saltaron en la Administración hasta cinco años después de que el citado ente, que forma parte de la Red de Consorcios Escuela públicos, endosara por primera vez la factura del estudio a una subvención de la Junta concedida en 2008. La Dirección General de Formación, de la que era titular Carlos Cañavate, ya destituido, detectó entonces que "dicho estudio se presenta en la justificación del expediente de subvención del año 2008, del año 2009 y que además se ha presentado para justificar una subvención solicitada a la Consejería de Turismo".
La misma Dirección advirtió de que se formalizó un contrato por 59.000 euros con la empresa Soldie de Málaga para "la realización de un estudio sobre la oferta y la demanda en el sector turístico andaluz" a pesar de que éste era el cometido del Observatorio de Recursos Humanos, impulsado por la Junta, la patronal andaluza y los sindicatos.
El organismo que realizó el informe subvencionado tres veces, el Observatorio de los Recursos Humanos en el Sector Turístico en Andalucía (como se denominaba), tenía sus oficinas desde 2007 en la sede del consorcio y estaba bajo la supervisión de un grupo de trabajo formado por nueve representantes de las cuatro instituciones participantes: la antigua Consejería de Empleo, la patronal y las dos organizaciones sindicales.
Según la propia Junta de Andalucía, el consorcio cargó a subvenciones de forma irregular 7,32 millones de euros en 2008, 2009 y 2010. De los 8,68 millones que recibió en total en los citados ejercicios, la Junta le ha obligado a devolver, cinco años después, el 84,4% del dinero. El consorcio de Mijas contaba con un hotel escuela de 60 habitaciones, un restaurante escuela, una residencia de estudiantes con 116 habitaciones individuales y aulas para 400 alumnos. La UE aportó fondos Feder para construir las instalaciones en 2002 y sufragaba los cursos con fondos de cohesión destinados a Andalucía.
La Junta inició en 2013 una revisión de oficio de las ayudas y abrió un expediente de reintegro a Ociomijas el pasado mayo. Le reclamaba 301.695 euros (209.913 euros en 2008 y 91.782 en 2009) que se imputaron de forma irregular a subvenciones. El director gerente de Ociomijas, José Gutiérrez Muñoz, defendió que el pago con subvenciones de los sueldos de un técnico y una administrativa que trabajaban para el observatorio, así como las dietas, jornadas y estudios fueron aprobados por el consejo general del consorcio, cuyo presidente era el propio director de Formación de la Junta.
Recordatorio del caso de la yegua
El caso más sorprendente es del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible -Formades-, que tiene su sede en la aldea almonteña de El Rocío. Este consorcio, completamente dominado en sus puestos directivos e incluso en su plantilla por personas cercanas al PSOE, camufló como ayuda a la formación el importe del traslado de una yegua de raza Oldenburger en el año 2010 desde una cuadra germana hasta el paraje de Doñana. El transporte costó 1.102 euros. El caballo fue comprado aún no se sabe cómo ni por qué y costó 18.000 euros.
Lo que sí se sabe es que el 1 de diciembre de 2009 la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo -SAE- concedió a Formades una subvención de 1,3 millones de euros para un proyecto enfocado a cualificar a jóvenes sobre la doma y el entrenamiento ecuestre. En octubre de 2013, tras abrir un expediente, la Consejería de Economía notificó a la entidad una resolución en firme que le obligaba a devolver 381.119,60 euros y 58.139 más en intereses de demora al descubrir que había endosado a la ayuda facturas sin justificar o que no guardaban relación alguna con los cursos.
Tampoco están justificados los portes de cuatro caballos desde Dos Hermanas a El Rocío, ni la compra de dos partidas de cestas de Navidad repartidas entre el personal del Consorcio y los miembros del consejo rector -2.832 euros-, la compra de un televisor de 32 pulgadas e incluso los 18,60 euros que la entidad autonómica cargó a los fondos europeos correspondientes a la compra de un paquete de Marlboro, una Coca Cola, un batido y unos snacks Matutano en distintas gasolineras.
El director gerente de Formades, Juan Antonio Fernández Márquez, calificó de "errores" algunos de los pagos reclamados ahora por la Junta. En el caso del caballo traído desde tierras teutonas, explica que el gasto podía ser cubierto con dinero de la UE, pero que hubo una confusión con las fechas del expediente.
Un ejemplo de corrupción socialista
El Gobierno andaluz acordó hace un año disolver el consorcio Formades En noviembre de 2008, la Junta le abonó otra subvención destinada a la formación de 2,87 millones de euros que se empleó en pagar "gastos de atenciones protocolarias que ni están previstos en las bases reguladoras ni guardan relación directa con la actividad subvencionada", según expone la Consejería de Economía en otra resolución por la que exige a su consorcio formativo que devuelva 366.601 euros más que se imputaron irregularmente.
Entre los gastos que no tienen encaje legal se encuentran la contratación de Catering Puente Ajolí para una comida navideña de los alumnos -2.059 euros-, la "comida reunión con UGT y empresarios" -1.284-, regalos y caramelos para los Reyes adquiridos a la empresa Menta Limón -6.555 euros-, "un desayuno cabalgata de reyes -600- o un cáterin -449,40- y una posterior comida a la que convidaron a personal y presos de la cárcel de Huelva que costó otros 963 euros.