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La nueva fase de la Operación Edu llegará a "todos los rincones de Andalucía"

La operación va dirigida contra empresas que no reunían los requisitos para disfrutar de las subvenciones o no daban los cursos de formación.

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La Policía Nacional ha iniciado una operación en Cádiz, Málaga y Almería denominada "Edu Costa" en la que tiene previsto realizar entre setenta y noventa detenciones en relación con la investigación por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.

Se trata de la continuación de la operación Edu -adelantada por Libertad Digital hace más de un año-, que está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional -UDEF- y que se prolongará varios días con arrestos y registros.

Entrevistas con los alumnos

En total, esta nueva fase de la investigación se dirige contra 90 personas vinculadas a un total de 52 empresas y pretende destapar las responsabilidades en torno a un fraude de cerca de 3 millones de euros, según las cifras de los investigadores de la UDEF.

Según la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, las investigaciones llegarán, "desgraciadamente, a todos los rincones de Andalucía". Las pesquisas del nuevo operativo, ha apuntado, alcanzan otras provincias al margen de Almería, Cádiz y Málaga, las inicialmente trascendidas y donde por ahora se centran las actuaciones.

Fuentes conocedoras del caso han informado a Europa Press de que ya ha concluido con 16 detenidos el primer día de esta operación. Las actuaciones están dirigidas contra los responsables de empresas que se beneficiaron de las subvenciones públicas con compromiso de contratación y sobre las que hay sospechas de actuaciones irregulares.

Esta operación es el resultado, entre otras actuaciones, de numerosas entrevistas realizadas por la Policía a los alumnos y los profesores que impartieron los citados cursos.

A partir de estos trabajos se ha podido detectar que había empresas que mentían a la hora de informar sobre el número de alumnos a los que se impartían los cursos o que contrataban profesores con nulo conocimiento sobre los asuntos a tratar.

El caso de la exalcaldesa de Jerez

Entre los noventa implicados se encuentra la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, miembro destacado del sector susanista del PSOE, que ya ha sido condenada en procesos anteriores y que está pendiente de sentencia en otro proceso por favorecer indebidamente a una empresa.

Ahora, su caso tiene que ver con cursos de formación en los que, presuntamente, se benefició a Mercajerez. Según fuentes próximas a la exalcaldesa, todo lo que está pasando es una "conspiración" aunque no señala con claridad quién o quiénes la dirigen. Lo cierto es que cuando la Policía se puso en contacto con ella días atrás, la ex alcaldesa comenzó a despotricar por sentirse perseguida, si bien lo único que se le planteó fue una declaración en la comisaría.

Pilar Sánchez ha dicho a los investigadores que no sabía "nada" de los cursos. "No tenía ni idea" sobre cualquier asunto relacionado con ese extremo, ya que "todas las competencias estaban delegadas en el gerente".

Recuérdese que también oriundo de Jerez es el ex consejero de la Junta Ángel Ojeda Avilés, que fue detenido con motivo de la Operación César, a causa de haber construido un entramado fraudulento en torno a la formación de parados.

El concejal del PSOE en Roquetas de Mar (Almería) y empresario Juan Fernando Ortega figura entre los imputados en esta operación, junto a su exmujer, su hija y una profesora de una de las dos academias de la que figura como administrador. Ortega Paniagua está imputado por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, fraude en subvenciones públicas y fraude a la Seguridad Social y ya ha sido puesto en libertad tras personarse ante los agentes encargados de la investigación bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción 4 de Almería, según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El político y empresario se ha mostrado dispuesto a declarar en sede policial aunque finalmente no lo ha hecho al desconocer el contenido de las actuaciones, que se encuentran bajo secreto. En concreto, la jueza instructora dictó auto el 9 de enero por el que prorrogaba por séptima vez esta medida al considerar que su levantamiento podría ser "perjudicial" para las pesquisas en torno a presuntas irregularidades en subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cursos de formación en 2010 y 2011 en la provincia. También ha sido puesto ya en libertad la exmujer, la hija y la profesora citados junto a Ortega Paniagua, a quien se investiga por las subvenciones recibidas por las academias Ormar Informatic SL e Infosol SL.

Jerez: dos alcaldes en la cárcel desde 1979

La ciudad de Jerez de la Frontera, una de las más importantes por historia, economía y población de Andalucía no pasa por sus mejores momentos de imagen, como tampoco de desarrollo económico y social o de limpieza institucional. A la condena, confirmada por el Tribunal Supremo, de su primer alcalde democrático, Pedro Pacheco Herrera, andalucista, a cinco años de prisión, se sumaba la sufrida el año pasado por la alcaldesa socialista Pilar Sánchez, a otros dos años de cárcel. Sólo la actual alcaldesa del PP, María José García Pelayo, mantiene una trayectoria sin tribunales.

Pilar Sánchez, que pidió la baja en el PSOE, fue condenada por desviar dinero de planes de empleo a pagar nóminas en vísperas de las elecciones municipales. Con esta condena, dos de los tres alcaldes que ha tenido Jerez desde la instauración de la democracia han tenido penas de cárcel.

Sánchez fue condenada a dos años de prisión y el pago de ocho millones de euros de multa por prevaricación continuada a resultas del llamado 'caso desvío de fondos'. Esta causa parte de una acusación de la Fiscalía Anticorrupción por emplear dinero de planes de fomento de empleo, como el Plan E, para pagar las nóminas municipales que el Ayuntamiento no podía satisfacer. El ministerio público sostuvo "fue una decisión injusta arbitraria, para su propio interés. Quería callar las bocas de miles de personas". Añadió que algunas transferencias se realizaron "a sólo seis días de una convocatoria electoral municipal" por lo que subrayó la intención electoralista, política y particular de las decisiones de la ex alcaldesa socialista.

Durante el juicio quedó claro que no había ninguna orden para devolver el dinero sacado de la cuenta del Plan E y que la exalcaldesa autorizó el desvío pese a que interventor y tesorero le advirtieron que estaba contraviniendo un Real Decreto.

Pilar Sánchez alegó en su turno final que no había obtenido ningún beneficio personal: No me llevé nada ni tampoco lesioné al Ayuntamiento», en cambio, lamentó que el caso "ha causado un gran daño a mi familia". Sánchez, a diferencia de Pedro Pacheco, no ingresó en prisión por esta condena pero podría finalmente hacerlo si se sumaran a ésta otras condenas en causas pendientes, como la que referimos.

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