La Diputación de Huelva, gobernada por el PSOE desde los primeros tiempos de la transición, está incluida en lo que Interventor Provincial de Huelva, dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía, conceptúa como "Expedientes que merecen una mención especial" en el caso de las irregularidades detectadas en la gestión de los cursos de formación para parados y ocupados. Estos expedientes no sólo presentan numerosas irregularidades, sino que "merecen una mención especial a causa de la gravedad de las mismas", se dice textualmente.
El expediente 2010320825, referido a la Diputación de Huelva, pertenece al ejercicio 2010. A fecha 3 de junio de 2014, fecha del informe de la Intervención Provincial, no aparecía justificado en sus gastos. Sorprendentemente, a pesar de ello, la Junta no le había iniciado expediente de reintegro como es obligatorio.
Cuando el Interventor revisó la documentación justificativa encontró lo siguiente:
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Se imputaban como costes directos de docencia, tanto las horas de los monitores contratados para la impartición de la actividad, como los de personal de plantilla de la Diputación, duplicándose de este modo los gastos de docencia.
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Los gastos no responden de manera indubitada a la naturaleza de la actividad formativa.
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Los costes imputados en concepto de alquiler de materiales no se corresponden con los precios de mercado, como se constata en el hecho de que se contrata el alquiler de los mismos equipos informáticos para dos actividades formativas durante un periodo similar, y uno se factura por el doble del importe que el otro.
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Las facturas o documentos justificativos no llevan estampillado el sello de imputación al curso en cuestión, ni a su financiación con fondos europeos.
Actualmente, la presidencia de la Diputación recae en Ignacio Caraballo, que, otra coincidencia, es compañero sentimental de Maite Jiménez, la hermana del portavoz socialista de Susana Díaz en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez. Maite Jiménez es gerente de la Mancomunidad del Condado, dependiente de la Diputación. Anteriormente, en la fecha del expediente y responsable del mismo en última instancia, la presidenta de la Diputación era Petronila Guerrero, actualmente senadora por Huelva.
No es el único caso de especial gravedad que se refiere a gobiernos socialistas de ámbito municipal. También aparece destacado el caso del Ayuntamiento de Aljaraque, actualmente regido por el PP y en el que consta como concejal Aurelio Barreda Guerrero, hijo de la mencionada Petronila Guerrero y Aurelio Barreda Mora, dirigente socialista de Huelva. Sin embargo, en el tiempo del expediente examinado por la Intervención, el alcalde era José Martín Gómez, del PSOE. Curiosamente, fue presidenta del PSOE de Aljaraque la propia Petronila Guerrero, a la que nos hemos referido más arriba.
El expediente lleva el número 2010321237 y como el mencionado antes de la Diputación no estaba justificado el 3 de junio de 2014 aunque el período máximo de justificación finalizaba en diciembre de 2011, sin que conste que se hayan ampliado los plazos.
El 31 de mayo de 2012, cinco meses después de vencer la fecha máxima de justificación, el director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Huelva dictó el acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro por "no justificar suficientemente la ayuda en el plazo estipulado".
Pero, sorprendentemente, dos meses después. el 19 de julio, el órgano gestor archivaba el expediente de reintegro "como consecuencia de haber cumplido la obligación de justificar" y del pago pendiente, aceptando las alegaciones de la entidad beneficiaria presentadas el 21 de junio, en las que solo se señala que se presenta un modelo 046, que no se aporta en el expediente y del que se desconoce el importe.
Por si fuera poco, tras el archivo del inicio de expediente de reintegro, no se procedió a la liquidación y posterior justificación del expediente. Y la documentación aportada contenía estas irregularidades:
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Las facturas aportadas no tienen estampillado el sello de imputación a la actividad formativa ni a fondos europeos.
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No se acredita el pago de las nóminas ni del resto de los gastos realizados.
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Sólo se presenta una liquidación económica, que se encuentra incompleta, de cuatro de los ocho cursos que componen el expediente.