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La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Costa y Rambla por delito electoral

Los dos ex dirigentes del PP valenciano están acusados de delito electoral y falsedad documental en el marco de la trama Gürtel.

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años y nueve meses de cárcel para, entre otros, los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Cortes valencianas Vicente Rambla y Ricardo Costa por delito electoral y falsedad documental dentro del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En concreto, Anticorrupción acusa a la cúpula del PP de la Comunidad Valenciana entre 2007 y 2008 de varios delitos electorales y de falsedad documental durante los comicios autonómicos, locales y generales de esos años, y pide para cuatro de sus responsables penas que suman siete años y nueve meses de cárcel.

El escrito de acusación de la Fiscalía se presenta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, relacionadas con la supuesta financiación irregular del Partido Popular valenciano.

La Fiscalía considera a Ricardo Costa (entonces vicesecretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalidad), David Serra (exdiputado autonómico) y Cristina Ibáñez (exgerente del PPCV) autores de tres delitos electorales (en las autonómicas y las municipales de 2007 y las generales de 2008) y de uno de falsedad documental entre esos dos ejercicios.

Según Anticorrupción, el PPCV preparó esas campañas electorales contratando con Orange Market, una de las principales empresas investigadas en la trama Gürtel, "servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".

Los servicios prestados por Orange Market, que entonces dirigía en Valencia Álvaro Pérez "el Bigotes", al PPCV con motivo de las elecciones de 2007 que no fueron facturados o declarados fueron al menos de 1.234.100 euros, mientras que en las de 2008 ascendieron a 801.810 euros, según los cálculos de la Fiscalía.

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