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El Tribunal Supremo imputa a Chaves y Griñán por los ERE y los cita en abril

El magistrado Alberto Jorge Barreiro cita como imputados a los expresidentes el 9 y 14 de abril.

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El caso de los ERE entra en campaña electoral. La razón es que el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa, ha citado a declarar para la semana del 7 al 21 de abril a las cinco personas aforadas que son investigadas en el Alto Tribunal, entre ellos a los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, quienes desde este martes están imputados formalmente en este caso de corrupción.

El pasado mes de noviembre el Supremo asumió parte de la causa de la investigación de los ERE en Andalucía, en concreto, la que afecta a los aforados nacionales, es decir, a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y sobre los exconsejeros del gobierno andaluz José Antonio Viera Gaspar Zarrías y Mar Moreno, ya que todos ellos son actualmente miembros del Parlamento.

Ahora, el magistrado Alberto Jorge Barreiro cita a todos ellos como imputados para después de las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebrarán el próximo 22 de marzo: el 7 de abril ha sido citado José Antonio Viera; para el 9 de abril, José Antonio Griñán; para el 14 de abril, el expresidente Manuel Chaves; para el 16 de abril, Gaspar Zarrias; y en último lugar, para el 21 de abril, la senadora Mar Moreno.

Primera declaración como imputados

En la providencia, dictada este martes, el instructor señala que cita a Chaves y Griñán "en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones como presidentes del Gobierno andaluz con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas a diferentes empresas de la referida autonomía, así como las prestadas a personas físicas".

De esta forma, el magistrado respecta la norma no escrita de no citar a los aforados antes de una cita electoral para no influir en los electores. No obstante, como el Alto Tribunal mantiene abierta dicha causa desde el pasado mes de noviembre, Alberto Jorge ha estimado procedente fijar ya la fecha de una primera declaración como imputados de Chaves, Griñán, Viera, Zarrías y Moreno.

En concreto, el Tribunal Supremo investiga desde hace tres meses si desde la Consejería de Empleo de la Junta con el fin de proceder al pago de ayudas a empresas, ayudas sociolaborales y ayudas directas a trabajadores, se organizó un sistema desde el año 2000 y hasta 2012 "que permitiría disponer de importantes cantidades de dinero", más de 855 millones de euros, para poder llevar a cabo esos pagos "sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones", a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de dichas ayudas.

El Alto Tribunal considera que detrás de estos hechos se pudieron cometer un delito de prevaricación y otro de malversación de fondos públicos.

Numerosa documentación a la Junta

En la resolución notificada este martes, el juez Alberto Jorge Barreiro ordena practicar una amplía batería de diligencias dirigidas a averiguar quién y cómo se diseñó el sistema de los ERE.

En primer lugar, solicita a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que le informen sobre los temas que se trataban en las reuniones presididas por los distintos Consejeros de Presidencia de la Junta "con el fin de preparar los temas a tratar y decidir por los Consejos de Gobierno" relativos a las modificaciones presupuestarias, a los planes anuales de controles financieros, al anteproyecto de presupuestos confeccionado por la Consejería de Economía y Hacienda y a "cualquier proyecto normativo relacionado con la concesiones de ayudas socioeconómicas y laborales" a empresas o personas físicas asignadas entre los años 2000 y 2012.

Por otro lado, el instructor libra un oficio a la Junta de Andalucía para que remita al Supremo "los escritos mediante los que el Consejero de Economía y Hacienda remitió el anteproyecto de presupuesto al Consejo de Gobierno para cada uno de los años correspondientes al periodo de 2000-2012, ambos inclusive".

Alberto Jorge también pide a la Junta que le entregue la certificación de los Acuerdos del Consejo de Gobierno andaluz en los que se decidió remitir los Presupuestos al Parlamento andaluz durante esos mismos doce años.

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