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En Galicia tener hijos es "ultraderechista" y "rancio"

La Ley de Apoyo a la Familia provocó las reacciones más enérgicas de los partidos de la oposición por verla como una vuelta al pasado.

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La Ley de Apoyo a la Familia provocó las reacciones más enérgicas de los partidos de la oposición por verla como una vuelta al pasado.

Tal día como hoy, 17 de febrero, pero de 2011, Libertad Digital contaba en su portada la reacción de las fuerzas políticas a la Ley de Apoyo a la Familia y a la Convivencia de Galicia. El PSOE, BNG y medios de izquierda consideraban la ley como un ataque a la mujer y una vuelta al "patriarcado".

Según la Xunta de Galicia, esta ley pretendía ser "un apoyo a la vida". Por lo que re realizarían medidas hacia las mujeres gestantes que "intentarán que el embarazo llegue a término". Esa línea giraría en torno al acogimiento familiar y la adopción.

Esas iniciativas no gustaron en el PSOE gallego. Beatriz Sestayo cargó duramente contra el proyecto de ley y exigió la retirada de una norma que, según la portavoz de Servicios Sociales del PSG, quería fomentar "el modelo familiar de la ultraderecha". Además, afirmó que la consejera del PP encargada de defender la Ley de Apoyo a la Familia "reproduce el discurso de la Conferencia Episcopal: que las mujeres están aquí para parir y, si tienen suerte, podrán trabajar". La socialista calificó esas políticas de "predemocráticas” y su concepción de familia de “rancia y retrógrada".

En junio de ese mismo año la mayoría parlamentaria del PP permitió la aprobación del proyecto de Ley, a lo que los grupos de la oposición se opusieron por entender que implicaba un "retroceso de derechos" para las mujeres.

La portavoz del BNG lamentó que se convirtiera en una medida de "mera propaganda" que "no aporta nada" al colectivo al que aludía. Por su parte, la diputada socialista lamentó “el viaje atrás en el tiempo” por la intención del PP de “hacer un guiño a su electorado más ultra", el que pretende imponer el modelo de una minoría a la amplia mayoría social". Y dijo que constituía "una excusa para financiar asociaciones antiabortistas”, sin incorporar "medidas de apoyo real a las familias”.

La representante del PP censuró las "mentiras" y las "interpretaciones sesgadas" del texto legal por parte de los grupos de la oposición, negando así que la ley fuera “retrógrada” y “sexista”. Tampoco iba “contra otras leyes en vigor” ni “intenta que las mujeres se queden embarazadas”, sino que “busca ampliar derechos".

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