UPyD propone que el Congreso de los Diputados proclame solemnemente que: "la unión de España reconocida en nuestra Constitución es una condición necesaria para garantizar el derecho fundamental a la igualdad de los ciudadanos, que es incompatible con cualquier intento de fraccionar la soberanía nacional o de levantar fronteras". La cita se extrae de la primera de las quince resoluciones que la formación magenta ha presentado en el Debate sobre el Estado de la Nación, tras el duro enfrentamiento entre Rosa Díez y Mariano Rajoy.
En el resto se plantean otras de las cuestiones que han sido santo y seña del partido desde su irrupción en las Cortes en 2008, como por ejemplo la reforma electoral, con un objetivo: "potenciar la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes implantando un sistema de listas electorales desbloqueadas, como sucede en la mayor parte de los países europeos para las elecciones legislativas". Además del desbloqueo de las listas, UPyD pretende evitar que un partido pueda sacar más escaños con menos votos que otro, para lo que sugiere un "reparto biproporcional, que permite así corregir el déficit de proporcionalidad existente y compatibilizar alta representatividad con gobernabilidad".
En materia de Sanidad, UPyD denuncia: "la existencia de diecisiete sistemas autonómicos de Salud que actúan como sistemas cerrados en sí mismos, con altas tasas de politización a la hora de establecer criterios de gestión y planificación, altas cotas de opacidad en el rendimiento de cuentas y la gestión de fondos públicos en el ámbito sanitario, así como un claro uso partidista y electoralista por los diferentes gobiernos autonómicos de éstos". Por ello propone que la cámara baja inste al Gobierno a: "recuperar la competencia de Sanidad para el Estado como competencia exclusiva al ser la mejor manera de garantizar el derecho a la protección de la salud de manera efectiva en todo el territorio nacional"
En materia estrictamente económica la formación magenta aboga por una sustancial rebaja del IVA y el IRPF, elevando el mínimo exento a los 14.000 euros anuales y aumentando también de 60.000 a 95.000 euros anuales el mínimo a partir del que se aplica el tipo marginal máximo. Además, se aboga a las claras por el contrato único en estos términos: "Todos los nuevos contratos habrán de ser de una única modalidad, indefinidos. Los nuevos contratos únicos tendrán una indemnización por despido inicial más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los contratos temporales (que constituyen la inmensa mayor parte, el 93 %, de las nuevas contrataciones). A partir del valor inicial, la indemnización por despido irá aumentando progresivamente en años sucesivos hasta alcanzar un valor máximo"
Otro capítulo importante del paquete de medidas se refiere a la regeneración democrática y el adelgazamiento del aparato del Estado. Los de Rosa Díez plantean eliminar las diputaciones provinciales y fusionar municipios en torno a los 20.000 habitantes. Además, plantean acabar con el aforamiento por considerarlo un privilegio: "pues impide que los políticos presuntamente corruptos sean investigados y enjuiciados por su juez natural, al serlo por uno especial (el Supremo o el TSJ, normalmente) mucho más susceptible de estar politizado, a consecuencia precisamente del reparto partidista del Consejo General del Poder Judicial"