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Andalucía: 33 años de régimen. La ocupación de la administración local

En 2005 el sector público local andaluz estaba constituido por 1.627 entidades.

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En el primer capítulo de esta serie pusimos de manifiesto cómo se prefirió una Administración autonómica penetrada por el PSOE antes que una profesional regida por los principios de igualdad, mérito, capacidad, neutralidad y eficacia. Para hacernos una idea de la dimensión de la administración local, en 2005 el sector público local andaluz estaba constituido por 1.627 entidades, de las que eran entidades locales básicas ocho  Diputaciones Provinciales y 770 Ayuntamientos. De ellas dependen 300 Organismos autónomos y 302 Sociedades mercantiles. Como entidades locales supramunicipales había 71 Mancomunidades y 176 Consorcios. Del total de los casi 500.000 empleados públicos .

Del total de los casi 470.000 empleados públicos existentes en Andalucía según el Ministerio de Administraciones Públicas en julio de 2014 un cuarto, casi 120.000, son empleados de Ayuntamientos, Diputaciones y sus entes.

Es de resaltar que la inmensa mayoría de este personal - desde 1982 a 2009, hubo 90.000 nuevos empleados municipales -, fue contratado desde 1982 cuando el PSOE obtuvo la más imponente mayoría absoluta que se recuerda en nuestra actual democracia, tanto en las Cortes como en municipios y diputaciones. En 1982, en toda España había casi los mismos funcionarios y empleados municipales que hoy existen en Andalucía. La influencia del PSOE en las contrataciones ha sido decisiva. No se trata de que el PSOE nombrara libremente a sus cargos de confianza, sino que penetró las plantillas de la mayoría de los entes locales por diferentes métodos y casi siempre, con el silencio ominoso de los sindicatos,, de modo que los efectivos reales de las relaciones de puestos de trabajo(RPT) están plagadas de personas afines al PSOE.

Para que pueda hacerse una idea somera de lo que explicamos, expongamos algunos casos escandalosos: Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Estepona, Diputación de Granada,

a)Diputacion de Sevilla: En 2008, el grupo popular de la Diputación de Sevilla denunció el hecho sorprendente de la "escandalosa" e "inexplicable" entrada de unos 400 nuevos trabajadores sin que hubiese mediado oferta de empleo público --la última databa de 1998, es decir, hace más de diez años.  En las cuentas generales del ejercicio 2006 aparecían registrados un total de 2.316 empleados, mientras que ya en 2007 se contaban 2.713 trabajadores. ¿Cómo habían entrado, pues, estos empleados públicos de la Administración Local?  Dicho de otro modo, en solo un año, el personal de la Corporación sevillana se vio incrementado en un 20% - la institución había pasado de 2.316 empleados a 2.713 - cubriendo esos puestos de trabajo no a través de una convocatoria pública sino, presumiblemente, a través de "colocaciones" arbitrarias o a lo sumo, concursos opacos.


b)Ayuntamiento de Estepona; La Policía encontró documentos en el despacho oficial del ex alcalde Barrientos en la investigación del caso Astapa que hicieron pensar a la juez Isabel Conejo, instructora del caso de corrupción, que al menos 30 afiliaciones al PSOE de Estepona pudieron haber sido canjeadas por contratos oficiales de trabajo en el Ayuntamiento de Estepona. Al parecer, la fecha de las altas en el partido coincidían en su mayoría con el día de la firma del contrato de trabajo en el consistorio esteponero. 

En el sumario aparecen contrataciones efectuadas con el fin de controlar la asamblea local del PSOE que, como debe saberse, es la que elige al secretario general de la localidad y, naturalmente, influye en la designación de la candidatura a la alcaldía. Las investigaciones de la Policía recogieron una conversación telefónica mantenida entre el entonces jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, y su primo Juan Simón,que hablaban de la necesidad de contratar a dedo a varias decenas de personas para controlar la asamblea. Era la apoteosis del dedismo socialista.

c) Diputaciòn de Granada: "Dime a quién despedimos, que hay que contratar a los del PSOE". Es una frase para la historia de la inmoralidad política en España y en Andalucía. Ocurrió en la Diputación de Granada y estos hechos son considerados "hechos probados" por la sentencia que favoreció a la responsable de Seguridad en la Diputación de Granada, Ascensión Ruiz Ruiz, que se negó a aceptar la orden del

PSOE y que, por ello, fue perseguida, sometida a "mobbing" y finalmente despedida en 2008. Según publicó El Mundo,fue incluso amenazada de muerte por negarse a meter a gente del PSOE en la Diputación. Toda la prensa andaluza, incluso El País, tuvo que destacar que la sentencia había revelado prácticas verdaderamente "reprochables", según el Juez, en la Diputación de Granada para contratar a «amigos, familiares o militantes» socialistas. La tropelía fue protagonizada por el coordinador de Seguridad de la Diputación de Granada, Juan Carlos Adarve, un histórico del PSOE de Granada, cargo de confianza y de libre designación del Presidente socialista de la institución granadina, Antonio Martínez Caler, y, por si fuera poco, miembro de la Comisión provincial de PSOE granadino además de responsable de la administración y el patrimonio.


Hay muchos más casos como estos relatados.



El abuso de la ley



Sin embargo, el método más preocupante usado por el PSOE en Ayuntamientos, que gobernaba en capitales y en casi todos ellos desde 1982 hasta 1995, era el uso de la ley entonces vigente de régimen local. Cuando el PSOE ganó las elecciones municipales de 1979, la ley de régimen local vigente era el Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, por la que se articulaba parcialmente la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto de Régimen, en lo relativo a los funcionarios públicos locales y otros extremos. En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se indica levemente cómo se había de seleccionar el personal funcionario en Ayuntamientos y Diputaciones. En ella se dice que:

"1. Las Corporaciones locales formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal.

2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso- oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

Respecto a otro personal, sea laboral y eventual se dice igualmente que será seleccionado "con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reunan los requisitos exigidos.

Pero el sistema de concurso oposición practicado hasta fechas bien recientes con la legislación introducida por el PSOE había permitido "colocar" a los simpatizantes, familiares y afiliados en los Ayuntamientos en los puestos de plantilla básica de la Relación de Puestos de Trabajo incluso si los alcaldes no eran socialistas. 

Todavía en 2009, el PSOE seguía gobernando sobre 494 municipios de los 770 existentes, Es decir, sobre el 64 por ciento.


El caso Benalúa



Un ejemplo paradigmático es el Ayuntamiento de Benalúa (Granada), gobernado en 2008 por Izquierda Unida. Se trataba de dar el puesto de arquitecto técnico, de la escala de Funcionarios, a uno de los siete aspirantes. El jurado calificador estaba compuesto, legalmente, por Izquierda Unida que tenía dos votos, alcalde y concejal. El PSOE que tenía dos votos seguros, que eran miembros designados por la Diputación en manos del PSOE y el representante de la Junta de Andalucía. La secretaria municipal tenía voz pero no voto. Total 3 a 2 favorable al PSOE.

Otro elemento aterrador es que existiendo siete aspirantes, el tribunal estaba compuesto por un presidente, cuatro vocales y una secretaria y de estos seis, ninguno de ellos exhibía capacidad profesional específica para juzgar el mérito y la capacidad de los aspirantes.


Imaginen ahora el caso de un pueblo, que fue el el caso mayoritario durante más de 20 años, en el que el alcalde fuese del PSOE y el presidente de la Diputación del PSOE. Ya habría mayoría asegurada en el tribunal calificador. Pues el caso de la mayoría de los municipios medianos y pequeños de Andalucía desde 1982.



El caso Los Barrios



Un caso espectacular fue el del Ayuntamiento gaditano de Los Barrios, que incluso modificó las normas. El 2 de julio de 2007, el Ayuntamiento de Los Barrios, "en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su nueva redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril" dispuso la modificación de las bases generales por las que había de regirse la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Director de Escuela de Policía Local vacante en la plantilla de Funcionarios de ese Ayuntamiento mediante Resolución de Alcaldía de fecha 7 de mayo de 2007.


En este caso, "la base novena (nombramiento del Tribunal Calificador) quedaba suprimida íntegramente, y quedaba redactada nuevamente de la siguiente forma:

«Novena. Nombramiento: El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de los aspirantes se nombrará según lo recogido en el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.»

2.º La base décima (composición del Tribunal Calificador) queda suprimida en los siguientes términos:

«10.1. El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de los aspirantes estará constituido de la forma siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue. Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma en quien delegue con voz pero sin voto. Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía nombrado por la Consejería de Gobernación y Justicia. Un miembro de la Corporación o funcionario de la misma designado por la Alcaldía. Un funcionario de la Corporación designado por la Alcaldía. Un funcionario representante de la Junta de Personal designado por el Sr. Alcalde a propuesta de aquella.»

…..

Los Barrios, 2 de julio de 2007.- El Alcalde-Presidente, Alonso Rojas Ocaña.

Aunque tal texto fue sustituido posteriormente, no cabe duda de cuál era la composición del Tribunal originalmente deseado. De los seis miembros que lo componían, cinco eran miembros o afines al Partido Socialista, sin que importara nada la cualificación profesional de los miembros del mismo.

Esta misma disposición legal fue utilizada para los concursos oposición de las Diputaciones.


Otros casos escandalosos

En el año 2002 en Córdoba, en la empresa funeraria dependiente del Ayuntamiento regido en este caso por Izquierda Unida, CECOSAN, que contaba con 49 empleados en plantilla. 8.000 personas aspiraban a ocupar las 40 plazas del concurso. Pero seguramente por arte de magia, la mayoría de estas plazas, más de 20, fueron conseguidas por militantes, afiliados o familiares de IU, UGT y CCOO.

En Almonaster la Real(Huelva) la empresa donde radica la empresa Minas de Aguas Teñidas, beneficiada por trabajar en ella la hija de Manuel Chaves con una ayuda de 10 millones de euros, el alcalde socialista, luego empleado de la empresa, dejó a muchos colocados en su Ayuntamiento. El referido ex alcalde socialista de Almonaster la Real, Francisco García Ruiz, "Pirri", dejó colocado a su cuñado Manuel Maestre, casado con su hermana Isabel García Ruiz, El cuñado del cuñado, Juan Flores, también fue contratado en la mina a pesar de tener nula experiencia en asuntos de minería. El Pirri también logró que el hermano de su esposa, Carlos Javier Martín Pérez, ocupara plaza de conductor en el Infoca, plan de la Junta de Andalucía para prevención y combate de los incendios, Para que el tío no estuviese sólo, el hijo del "Pirri", Francisco García Martín, su sobrino, también entró en el Infoca. Paco "El Pincha", otro cuñado del ex alcalde, es policía local del Ayuntamiento de Almonaster y así sucesivamente.


Otros casos similares se han dado en Mancomunidades y Consorcios. Pero terminaremos este capítulo con una relación de enchufados de la Diputación de Cádiz que aportó Izquierda Unida, tras una trifulca entre ambos partidos de izquierda ya hace muchos años. Corría el año 1988 e IU entregó a ABC la siguiente lista de enchufados en la Diputación de Cádiz. Textualmente decía así:

— Mariano León, diputado provincial de la anterior legislatura y ahora contratado en el Patronato Provincial de Turismo.

— Juan Carlos Fernández, también del Patronato de Turismo.

— Eduardo Rodríguez, del área de Cultura.

— José Luis Ben, del área de Cultura.

— Antonio Muñoz, del área de Cultura.

— Ana Barceló, del área de Cultura.

— Manuel González Pinero, ex concejal del Ayuntamiento de Cádiz y actual director provincial de Cultura.

— Francisco Martínez, ex concejal del Ayuntamiento de Puerto Real, que trabaja en Fomento Económico.

— Pablo Gil Nájera, del área de Fomento Económico.

— Francisco Vázquez, ex concejal de Chiclana y coordinador de la brigada de mantenimiento.

— Santiago Laz, coordinador del Patronato de la Juventud.

— Rafael Barra, ex jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Cádiz y ahora en el Área de Obras de la Diputación.

— Manuel Vera Borja, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, responsable del área municipal de Urbanismo y jefe del gabinete provincial de estudios.

— José Toledo, concejal del Ayuntamiento de Puerto Real y miembro de la brigada de mantenimiento.

— Juan Doncel, concejal del Ayuntamiento de Chiclana y funcionario de la brigada de mantenimiento.

— Juan Carlos Perales, hermano del presidente de la Diputación, que trabaja como maestro en Valcárcel, aunque aprobó las oposiciones de educador.

— Francisco Blanco, hermano del delegado de Gobernación, José Luis Blanco, profesor de Valcárcel en excedencia y actual director provincial

de la Agencia de Medio Ambiente.

— Antonio Díaz, gerente de la Institución Ferial de Cádiz.

— Juan José Romero, del área de Bienestar Social y cuñado del senador gaditano Rafael Román.

— Teresa Domínguez, militante de las Juventudes Socialistas.

— Juan Sagristá, psicólogo de la Institución Provincial Gaditana y cuñado del diputado por Cádiz en el Congreso Eduardo García Espinosa.

— Javier García Velázquez, cuñado y secretario del vicepresidente Pedro Quiñones.

Manuel Jiménez Barrios, concejal de Chiclana y funcionario en excedencia(Actuamente, mano derecha de Susana Díaz en el gobierno andaluz)

— Cayetano Lozano, ex alcalde pedáneo de Nueva Jarilla que trabaja en la brigada de mantenimiento.

— Francisco Fernández Abad, ex concejal del Ayuntamiento de Cádiz.

— Juan José Gelos, ex concejal del Ayuntamiento de Cádiz y gerente del Patronato del V Centenario.

— Carmen Candón, sobrina del diputado provincial Juan Manuel García Candón, que trabaja en el Hospital Psiquiátrico.

— Los hermanos Marina y J. L. Romero Sánchez, hijos del dirigente de la UGT J. L. Romero, ambos funcionarios en el colegio Valcárcel.

— Sebastián González Cabañas, hermano del alcalde de Benalup.

— José Manuel Astillero, gerente de Prodemca (Programa de Desarrollo Empresarial de Cádiz).

— Juan José Ruiz, teniente de alcalde de Alcalá de los Gazules y secretario particular de Alfonso Perales.

— Claudio Puelles, concejal de Alcalá de los Gazules.

— Fina Gutiérrez, cuñada del presidente de la Diputación, que trabajó en la Institución Provincial Gaditana.


El vicepresidente socialista de la Diputación por entonces era Antonio Fernández, luego ex consejero de Empleo y hoy imputado en el caso de los ERE y de la formación.

En España

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