La Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil ha detenido este martes al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya.
Según informa El Mundo, entre los detenidos también están los actuales delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en las provincias de Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, ex alcalde socialista de Nerva, altos cargos del Gobierno de Susana Díaz.
Por su parte, ABC cuenta que también ha sido detenida la ex directora general de Formación, Teresa Florido, que además es cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, uno de los presuntos cabecillas de esta trama. El último nombre que aparece en la lista de detenidos es el de Marina Martín, exdelegada de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, en la actualidad directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que esta operación se desarrolla en las ocho provincias andaluzas. Se prevén entre 15 y 20 detenciones, principalmente relacionadas con las personas responsables de formación en cada provincia andaluza, todo ello dentro de un caso que está declarado secreto de manera parcial desde el pasado mes de enero.
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo -Faffe-.
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".
En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto.
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".
El SAE
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo -SAE- y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".