El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está permitiendo que declaren ante el magistrado Miquel Pasquau los diputados socialistas aforados en el último momento por decisión de Susana Díaz, que les designó miembros de la Diputación permanente del Parlamento andaluz poco antes de las pasadas elecciones.
Se trata de Antonio Ávila, ex consejero de Economía, Innovación y Empleo; Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda y Administración Pública, y Francisco Vallejo, ex consejero de Innovación, Economía y Empresa. El caso es que el próximo día 16 de abril se constituye el nuevo parlamento andaluz y los mencionados, incluyendo en ellos el ex consejero de Empleo, Manuel Recio, igualmente aforado y que igualmente declarará en los próximos días, no iban en las listas del PSOE por lo que dejarán automáticamente de ser aforados y pasarán a la jurisdicción de la juez Alaya.
A pesar de ello, el magistrado Pasquau, célebre ya por sus polémicas decisiones que comprobadamente benefician siempre a la izquierda política, ha decidido tomar declaración a estos imputados formalmente por la juez Alaya. Incluso el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en un escrito, ha solicitado que los mencionados aforados no declaren en el alto tribunal andaluz.
El fiscal García Calderón razona en su escrito que la juez Alaya tiene que ser la que, en el momento procesal oportuno, esto es, después del día 16 de abril, formalice la imputación por lo que las declaraciones deben posponerse.
Además, argumenta el fiscal que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sólo ocho días, carece de tiempo y posibilidades de instruir siquiera con algún rigor un caso tan complejo. Tomar estas declaraciones cuando el recorrido del caso en el alto tribunal será muy breve, no le parece aconsejable. Textualmente, como recoge El País: "Breve periodo de tiempo, completamente insuficiente para el mínimo desarrollo de las labores de instrucción, máxime en una causa de especial relevancia y complejidad".
Por ello, recuerda que la condición de aforados de los declarantes es "imposible" que vuelva a repetirse por no haber estado incluido en las listas del PSOE y que tales aforados perderán su condición al constituirse la nueva Cámara. En ese momento, la juez asumirá esta parte del procedimiento que ahora instruye el TSJA, al margen de la que investiga el Tribunal Supremo que afecta, entre otros, a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Será la misma juez la que, en ese caso, tome declaración a los exconsejeros y formalice su imputación si así lo considera, como parece del todo deducible dados los antecedentes y el informe elevado al alto tribunal andaluz.
A pesar de todo, el magistrado Pasquau ha argumentado que debía tomar declaración al menos a Ávila, Martínez Aguayo y Vallejo después de que estos lo pidieran de manera expresa petición para dar su versión de los hechos y ya se verá si para algo más.
El fiscal García Calderón, que se ha opuesto al archivo de la causa contra el exconsejero Vallejo como ha pedido su defensa, no formuló ninguna pregunta en el acto de comparecencia de ayer del primer ex consejero aforado, Antonio Ávila. La acusación popular del PP ni siquiera se presentó.
Hoy declara la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, mano derecha de Griñán y el día 15, un día antes de dejar de ser aforado, lo hará ell ex consejero Francisco Vallejo.
El magistrado Pasquau y sus decisiones
El magistrado Miquel Pasquau que, a pesar de su nombre y su rango, es natural de Úbeda y no es juez de carrera sino miembro del TSJA propuesto por el PSOE -que impulsó la ley que consiente de uno de cada tres magisdtrados del TSJA sea, no juez de carrera, sino jurista de "reconocido prestigio"-, se ha hecho célebre por algunas de sus decisiones.
Por ejemplo, absolvió a Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y entonces diputado del parlamento andaluz, y sus compañeros del asalto al supermercado Mercadona porque consideró que su acción era parte del derecho a la huelga y que iba destinada a "afear" su comportamiento de esquirol a quien no la secundase. Además, archivó otras cuatro acciones llevadas a cabo por Sánchez Gordillo, además miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, durante el paro general del 29 de marzo de 2012, porque formaban parte también del derecho a la huelga y eran propias de la "presión ambiental típica de un piquete".
Pasquau dictó que Gordillo "sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física" quiso obtener el cierre de Mercadona pero dio validez al vídeo aportado por la Guardia Civil, en el que se oía al diputado decir al director del supermercado que, en caso de no cerrar, "te tiramos todo lo que hay por ahí, porque tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar veinte días a la gente. Me has entendido, ¿no?". Pero para el magistrado Pasquau esa frase no era constitutiva de delito.
Otra de las sentencias en las que intervino Pasquau desestimó la demanda de Javier Arenas contra Luis Pizarro, mano derecha de Chaves y jefe del clan socialista de Alcalá, que dijo al líder popular que tenía "lenguaje de matón de discoteca".
También fue el ponente del auto con fecha 20 de junio de 2013 en el que se archivaba una denuncia de Manos Limpias por presunta prevaricación contra la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés, de Izquierda Unida, al entregar las llaves de viviendas públicas a los okupas de la Corrala Utopía.
Por ello, se espera que estas declaraciones desaconsejadas por la Fiscalía tengan como consecuencia algún auto polémico del magistrado.