Los responsables de Educación de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco se han levantado de la Conferencia Sectorial de Educación, que se ha celebrado en el ministerio, y que la preside el titular de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
Tras participar en el minuto de silencio por la muerte este lunes de un profesor en Barcelona a manos presuntamente de un alumno y de la toma de imágenes que siempre precede a la reunión sectorial, el
consejero andaluz, Luciano Alonso, la consejera asturiana, Ana González, el viceconsejero catalán, Joan Mateo, la viceconsejera vasca, Arantxa Aurregoetxea, y el consejero canario, José Miguel Pérez, han decidido levantarse de la mesa 25 minutos después.
La Conferencia Sectorial de Educación debatió este martes el borrador del real decreto que regula las evaluaciones externas de Primaria, ESO y Bachillerato, así como el que establece los umbrales de renta para acceder a las becas. Estos responsables autonómicos habían exigido previamente en una rueda de prensa conjunta la retirada del decreto de 'reválidas' por "invadir competencias" y considerarlo "segregador".
"Es una auténtica falta de respeto al Ministerio y al resto de las comunidades". Así lo han señalado a la prensa fuentes del departamento que dirige Wert, que se han quejado de que los consejeros se levantaron sin "ni siquiera dejar comenzar el orden del día".
Tras salir de la sala donde se celebraba el encuentro, el consejero de Educación de Canarias, José Miguel Pérez, leyó un comunicado a los medios allí presentes en nombre de las cinco comunidades que han protagonizado el plante, y en el que enumeran las razones que les ha llevado a marcharse del ministerio.
Según dijo, pidieron a Wert que paralice el calendario de implantación de las evaluaciones y revise el impacto de la política de becas para "continuar trabajando juntos". "El ministro nos ha dicho que 'no' y hemos decidido que lo que se haga en esta materia sea responsabilidad exclusiva de quienes ahí dentro les ha dado el visto bueno", advirtió.
A juicio de estas comunidades no gobernadas por el PP, el decreto de 'reválidas' "elimina" las competencias de las comunidades autónomas y tiene un fin "centralizador". Además, subrayan que deja un papel de "mero corrector" a las autonomías y no aporta información acerca de los "sobrecostes" que supone la implantación de las pruebas, ni tiene en cuenta los "problemas" de organización de los centros escolares.