La Fiscalía Anticorrupción no acusará al Partido Popular de delito fiscal en el juicio por la contabilidad B de esta formación política que se celebrará en la Audiencia Nacional.
En el escrito provisional de acusación presentado este lunes, el fiscal Antonio Romeral solicita "el sobreseimiento provisional de la causa por no resultar justificada la perpetración de un delito contra la Hacienda Pública por el fraude en el Impuesto sobre Sociedades del Partido Popular en el ejercicio de 2008".
Sin embargo, en el escrito de acusación, Anticorrupción no niega que hubiera un contabilidad B en la formación de Mariano Rajoy. En el tiempo que Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta ocuparon los cargos de gerente y tesoreros del partido "gestionaron de consuno fondos en metálico aportados a la formación política por donante de quienes no podían recibir los mismos de acuerdo con la legislación sobre financiación de partidos políticos vigente en ese tiempo. Del ingreso y gastos de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas".
"El dinero, siempre en efectivo y ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido, se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Luis Bárcenas", sostiene Romeral.
Las donaciones, exentas
Sin embargo, en el caso concreto de las donaciones que recibió el PP correspondientes al ejercicio fiscal de 2008 la Fiscalía defiende que estaban exentas de tributación por lo que los populares no habrían defraudado dinero al fisco, de ahí que el Ministerio fiscal solicite ahora el archivo de la causa para la formación política.
En contraposición, tras un férreo enfrentamiento con Hacienda, el juez Pablo Ruz concluyó que el Partido Popular era en plano indiciario responsable de un delito fiscal por no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008, al entender que esas donaciones recibidas aquel año no cumplían por ello "con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos (LO 8/2007) careciendo las aportaciones privadas recibidas de la consideración de rentas exentas por no haber cumplido con el criterio de transparencia legalmente marcado, y habiéndose destinado a los pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el Partido al Tribunal de Cuentas que han sido indiciariamente acreditados".
Cinco años para Bárcenas y Lapuerta
Además, el representante de la acusación pública también pide que el arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió los trabajos de reforma de la sede central de la formación, sea condenado a tres años y diez meses de cárcel por fraude fiscal y falsedad documental.
Por estos mismos delitos la Fiscalía también solicita un año y siete meses de cárcel para el exgerente del PP Cristóbal Páez; y tres años y diez meses para Belén García, socia de Urquijo en la empresa Unifica. Romeral pide que se archive la causa contra la empleada del estudio de arquitectura Laura Montero por prescripción.
Por otro lado, el fiscal reclama que los cinco acusados indemnicen solidariamente a la Hacienda Pública con 194.503,44 euros en relación con un delito fiscal que se habría cometido por la tributación del Impuesto de Sociedades de 2007. También solicita multas para los cinco acusados que oscilan entre los 102.500 y los 450.000 euros.
Anticorrupción considera al PP "responsable civil subsidiario"de los delitos fiscales que presuntamente cometieron Bárcenas y Lapuerta con la reforma de su sede nacional, que sita en la calle Génova de la capital. Esto significa que sólo en el caso de que los extesoreros no pudieran hacer frente a las posibles multas a las que lo condenaran hipotéticamente el tribunal, el PP sería responsable de hacer frente a las mismas.