La detención hace casi dos semanas del ya exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, parece estar mucho más allá de un mero caso de supuestas compra-ventas de contratos y amaños dentro de la Administración valenciana, sino que se trataría una pequeña parte de un trama de corrupción nacional dedicada al amaño de contratos relacionados con la lucha contra incendios en un buen número de comunidades autónomas e, incluso, en Portugal.
Según informa este domingo el diario El Mundo, las declaraciones de Antonio Alandí,el exgerente que denunció la red, ante el delegado de Anticorrupción en Valencia, el fiscal Vicente Torres, han permitido constatar cómo determinadas empresas del sector de extinción de incendios forestales, pertenecientes todas a la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), crearon una red para alterar o influir en el precio de las adjudicaciones.
Estas empresas habrían creado un monopolio para hacerse con las adjudicaciones, pactando precios bajos y repartiéndose el dinero sobrante, teniendo cada una de ellas sus propias regiones de influencia, y habrían llegado a controlar como cartel las adjudicaciones que se daban en las regiones de Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias, Cataluña y Aragón. A esto se sumaría su entrada pactada en el mercado portugués.
El diario de Unidad Editorial dice que el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional está investigando si además de como en el caso de Serafín Castellano en la Comunidad Valenciana, también realizaron regalos a otros cargos públicos de otras administraciones autonómicas e, incluso, del Ministerio de Fomento.