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Lo que no se contó del desahucio que quiso parar Kichi

La pareja desalojada que defendió el Kichi llevaba dos años sin pagar a la propietaria, una viuda enferma y con graves problemas económicos.

Libertad Digital
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En la nueva Cádiz, la Cádiz de José María González Santos, el Kichi, esa que se proclama ciudad libre de desahucios y donde todo el año es Carnaval, se producen graves atropellos y con la colaboración y aliento de los nuevos regidores de Podemos. Uno de los más lacerantes de los que se ha tenido noticia en los últimos días tiene que ver con el numerito que montó el novio de Teresa Rodríguez, a la sazón, líder de Podemos en Andalucía.

El Kichi y sus concejales se presentaron en la calle Benjumeda de Cádiz para evitar un desahucio. Era la gran puesta de largo ante los ciudadanos del nuevo primer edil. La Policía Nacional tuvo que emplearse a fondo para desalojar a los concejales que trataban de evitar el lanzamiento. No se trataba de una ejecución hipotecaria, sino de una familia que, después de años sin pagar el alquiler de su vivienda, perdieron un litigio con la propiedad del piso y fueron desalojados.

Gracias al diario lavozdigital.es ahora conocemos el caso en su conjunto y la realidad de la propietaria de la vivienda quien, por el hecho de serlo, ya es calificada de especuladora o usurera por los nuevos regidores gaditanos.

En la casa vivían hasta ahora Antonio Moreno, enfermo y con una pensión por minusvalía, su mujer y su hija de 16 años. La familia vivía en este piso bajo desde hace más de 25 años con un contrato de renta antigua, que ya había terminado y fue sustituido por otro que supuso un incremento del precio del alquiler que la familia dijo no querer afrontar, lo que llevó a que se iniciara este procedimiento de desahucio.

El caso es que, según lavozdigital.es, el conflicto por el alquiler en cuestión comenzó en 2013, cuando expiró el contrato de alquiler de diez años por el que los inquilinos habían comenzado pagando 90 euros al mes y terminaron pagando poco más de 100. Una vez expirado el contrato, la propiedad pidió unos 400 euros para renovar el alquiler. La pareja de ocupantes rechazó la subida y comenzaron las negociaciones. Su posición, inamovible, pasaba por pagar los algo más de cien euros mensuales que estaban pagando hasta ese momento. El conflicto llegó a los tribunales y el tribunal dictó que los ocupantes debían salir de la casa. Desde agosto de 2013 que comenzó el litigio hasta este verano (dos años completos) la casera no recibió un solo euro por el alquiler.

Pero, ¿quién es la propietaria? No es una malvada especuladora ni una agresiva ejecutiva obsesionada por ganar dinero, se trata de una sencilla viuda que se encuentra en tratamiento por una grave enfermedad y que percibe una mínima pensión por su condición de viuda. Mientras, los inquilinos desalojados habían recibido en su momento una ayuda de 600 euros para que pudieran saldar la deuda con la propietaria, pero ésta "no recibió nada de ese dinero, no sabemos cómo se gastó ni nos importa, pero el caso se ha prolongado durante dos años para perjuicio de la propietaria", dicen los portavoces de la viuda.

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