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El Supremo procederá contra Chaves y Griñán porque "cebaron sin descanso la partida de los ERE"

El alto tribunal continúa adelante con el procedimiento y decide imputar a Chaves, Griñán, Viera y Zarrías por los ERE.

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El alto tribunal continúa adelante con el procedimiento y decide imputar a Chaves, Griñán, Viera y Zarrías por los ERE.
José Antonio Griñán y Manuel Chaves. | Archivo.

Demoledora. Así es la exposición razonada que el instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha elevado a la Sala de lo Penal de dicho órgano para poder proceder penalmente contra los todavía aforados Chaves, Griñán, Viera y Zarrías.

A lo largo de 130 folios, el instructor aprecia indicios sólidos contra los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y los ex consejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías por el caso de los ERE y propone continuar el procedimiento penal contra ellos por un delito de prevaricación administrativa.

El juez Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue "ilegal" y cuestiona férreamente el desconocimiento que esgrimieron los cuatro aforados cuando comparecieron ante él en el Supremo. El magistrado archiva la causa respecto a la senadora Mar Moreno.

Además, en el caso de Viera, el juez entiende que, además del delito de prevaricación, hay indicios también de que pudo cometer malversación de fondos públicos, por lo que propone que se continúe el procedimiento contra él por estos dos delitos.

Para los otros tres aforados, Chaves, Zarrías y Viera el juez activa este jueves la maquinaria legal para proceder contra ellos y eleva una exposición motivada a la Sala de lo Penal para que tramite el preceptivo suplicatorio, necesario en este momento para poder proceder contra ellos.

En el caso del ex presidente andaluz José Antonio Griñán, el magistrado motiva a través de un auto los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación y sostiene que desde el punto de vista sustantivo material debe ser enjuiciado conjuntamente con los restantes aforados pese a que haya renunciado a su acta de senador.

En la exposición motivada el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza, en primer lugar, el sistema establecido entre los años de 2000 a 2010 para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

Un sistema ilegal

Asimismo, el instructor considera que el sistema de conceder ayudas o subvenciones mediante las transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto de la Junta.

"Aunque los elementos indiciarios abundan en que todo se preparó e inició dentro de la Consejería de Empleo, bajó la dirección de los imputados José Antonio Viera y Antonio Fernández, que fueron quienes suscribieron el Convenio Marco a través del que se encauzaron las transferencias de financiación, en una fase posterior, tal como se ha argumentado, había ya varias consejerías implicadas y un conocimiento constatado de varios consejeros. Ello sí permite sostener la tesis de que a nivel de un sector importante del Consejo de Gobierno se asumió el nuevo sistema y se materializó con las modificaciones presupuestarias y la confección de los presupuestos anules", recalca el instructor.

El magistrado Jorge dedica gran parte de su exposición a fundamentar por qué las decisiones adoptadas por los aforados fueron arbitrarias e injustas, requisitos necesarios para acreditar que con sus actos pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa.

El juez sostiene con cierta sorna que "no hay que ser ningún experto en leyes para entender que cuando el interventor general expresa de forma diáfana que se está prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento que marca la ley para otorgar subvenciones y que se está incumpliendo de forma reiterada un número importante de preceptos que señalan los informes que dirigen a varios consejeros". Además, el juez cita las palabras del Interventor General de la Junta, Manuel Gómez, para decir que Chaves, Griñán Zarrias y Viera "cebaron sin descanso la partida de los ERE".

Además, el magistrado se pregunta si un sistema de intervención es eficaz "cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecional mente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecional mente por el intervenido".

En el auto que afecta al exsenador Griñán el instructor recuerda que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal "pues no solo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de acogerse la versión del imputado, en la Junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerias hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejería de Empleo, Economía y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación".

Por otro lado, el instructor ha archivado la causa abierta a la ex consejera Mar Moreno, contra la que desde hoy no pesa ninguna acusación. Alberto Jorge Barreiro argumenta que cuando Moreno llegó al Gobierno andaluz "el sistema tildado de ilegal" se encontraba en vías de extinción y que la ex consejera de Presidencia apenas intervino en resoluciones de índole presupuestario que "cebaran" el sistema".

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