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UGT se autoarrendó sedes donde impartía cursos para justificar las subvenciones

La Junta sigue dando dinero al sindicato pese a las irregularidades cometidas.

(Sevilla)
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Diecisiete pagos ha hecho la Junta a UGT entre los meses de diciembre de 2012 y abril de 2014, ya con Susana Díaz de presidenta, por un importe de 14 millones de euros en concepto de subvenciones de formación profesional para el empleo a pesar de que la Ley de Subvenciones establece que deben dejar de darse a las entidades que no hayan justificado las anteriores. UGT tampoco ha justificado éstas. Mientras tanto, la UCO encuentra más indicios de delito porque se autoarrendó sedes donde impartía los cursos para poder justificar así ante la Junta de Andalucía parte de las subvenciones que recibía en materia de formación. Sólo entre 2009 y 2013, los gastos de alquiler superan los 4,11 millones de euros.

Hace dos años, fue denunciada la misma situación por el protavoz parlamentario del PP andaluz, Carlos Rojas, que dijo que había "hay una connivencia clarísima de la Junta de Andalucía con el sindicato UGT" para "darle ayudas sin control" y ampliarle los plazos para presentar las preceptivas facturas justificativas de los gastos. Tal aseveración se basaba en el muestreo de expedientes relativos a ayudas que había consultado el Grupo Popular. "En todos los casos la Junta dice que no importa que no haya justificado una subvención para darle otra de carácter excepcional y para ello se salta a la torera la Ley de Hacienda Pública" alegando el interés social del proyecto.

Ahora la UCO se refiere a nuevas subvenciones a UGT pero, en un reciente informe con fecha 6 de julio remitido al juzgado que investiga sus cuentas sobre subvenciones dadas por el gobierno de Susana Díaz vía Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se centra, y así lo cuentan ABC y El Mundo, en el alquiler de aulas para la impartir cursos por el sindicato, una pieza fundamental de la investigación de un presunto delito contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.

La conclusión de la Guardia Civil es que UGT Andalucía "en connivencia" con la mercantil Soralpe y la Fundación Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) del propio sindicato "crearon un artificio que les ha permitido justificar gastos, realmente inexistentes, en concepto de alquiler, de manera que dichos gastos fueron subvencionables con cargo a las ayudas públicas otorgadas por la Junta de Andalucía a favor de la entidad sindical".

La cifra que se aporta del importe de facturas falsificadas para justificar los gastos de alquiler supera los cuatro millones de euros. En concreto, entre 2009 y 2013, las facturas emitidas en concepto de gastos de alquiler y utilizadas para acreditar el gasto ante la Administración autonómica suponen un montante de 4.117.759,45 euros. De esa cantidad, 1,71 millones están vinculados a la realización de acciones formativas en inmuebles cedidos temporalmente en usufructo por UGT a Soralpe.

El procedimiento no sólo afectó a las subvenciones de la Junta sino también a las subvenciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo o el Instituto Nacional de la Administración Pública. Entre las anécdotas se encuentra una factura para justificar un curso que habría durado más de 21 horas al día con un descanso de sólo 3 horas para los docentes. Otra anécdota picaresca es que algunas veces la propia Soralpe facturaba a Ifes por el alquiler de un local que era a su vez sede de Ifes y, en consecuencia, de UGT.

Según la UCO, los responsables de estos presuntos fraudes y falsificación de documentos son Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, ex secretarios generales de UGT-A ya imputados en el caso; Federico Fresneda, ex secretario de Administración de UGT y ex presidente de Soralpe; Enrique Goicoechea, consejero delegado de Soralpe; Teresa Muñoz y Antonio Retaminos, presidenta y secretario del patronato de Ifes, así como a la patrona de esta fundación, Josefa Castillejo.

Fue para comprobar mejor los datos por lo que la UCO solicitó autorización al juzgado sevillano que investiga el caso a fin de registrar las dependencias de Ifes en Madrid y Sevilla, registros que tuvieron lugar hace una semana..

Manuel Pastrana, que aún no ha acudido a declarar en calidad de imputado porque alegó que la enfermedad que padece se lo impedía, será examinado por un forense en su domicilio el 22 de julio a fin de determinar si puede acudir al juzgado.

Los despedidos en la caza de brujas no se resignan

El ex secretario sindical de UGT en Sevilla, Laureano Conde, que fue despedido por el sindicato en diciembre de 2013 sin derecho a indemnización acusado de borrar desde su ordenador ficheros referidos a la investigación sobre desvío de subvenciones del sindicato, convoca para mañana una rueda de prensa para informar del auto con el que finaliza la causa judicial que le abrió UGT así como de las medidas que tomará para exigir responsabilidades a los representantes anteriores y actuales del sindicato tras un año y medio de procedimiento de lo que denominó una «caza de brujas».

Conde acusa a la comisión ejecutiva del sindicato de haberle hecho una acusación falsa con la que UGT quiso eludir sus responsabilidades en la investigación del fraude. Recuérdese que Conde fue acusado de borrar desde su ordenador 1.756 ficheros, entre el 24 de abril y el 27 de junio, utilizando un programa denominado CCleaner que impide seguir el rastro de la documentación. Con ello, el sindicato alegó que el supuesto sabotaje informático dificultaba aclarar los gastos.

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, pidió ayer que se aclare "cuanto antes" la causa judicial abierta hace "cerca de dos años" por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por supuestas irregularidades en los cursos de formación, pues supone "un desgaste a las siglas" y también para los afiliados de base, "que están soportando día sí y día no agravios por este tipo de cosas" pero no quiso valorar el reciente registro de las sedes del IFES.

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