La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de Seguridad Nacional con el apoyo del PP, el PSOE y UPyD y el voto en contra de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), los nacionalistas catalanes y vascos y los independentistas de ERC y Amaiur, que denunciaron que esta iniciativa pretende "laminar" las competencias de las comunidades autónomas.
Ahora la ley será remitido al Senado para que continúe allí su tramitación y pueda estar definitivamente aprobada antes de que finalice la legislatura el próximo otoño. Populares y socialistas, que han caminado de la mano en la tramitación de esta ley, han negado que este proyecto tenga el objetivo de quitar competencias a la Administración autonómica y han defendido que la seguridad nacional debe ser "competencia exclusiva" del Estado.
La diputada del PP Beatriz Rodríguez Salmones ha defendido la necesidad de esta ley teniendo en cuenta los nuevos riesgos y amenazas que han surgido, y que han llevado a todos los países, incluida la UE, a elaborar nuevas estrategias de defensa. Al término de la comisión, ha insistido ante las preguntas de los medios que "el Estado tiene como obligación" vigilar "los posibles peligros y situaciones de crisis" y se ha referido en concreto al terrorismo de Estado Islámico.
Desde el PSOE, su diputado Enrique Serrano ha basado el apoyo al proyecto en que es "necesario" porque "no hay Estado que no tenga como primera obligación la de asegurar su seguridad". A pesar de ello, el PSOE ha solicitado mejoras en el proyecto basadas principalmente en la redacción del texto y proponiendo un "encapsulamiento claro de las referencias a los estados de alarma, excepción y sitio".
Además, el portavoz socialista ha rechazado que este proyecto esté relacionado con la situación en Cataluña, en alusión al desafío independentistas que hay planteado en esta región, como ha defendido ERC, y ha recordado que comenzó su andadura legislativa en el año 2009.
Rafael Calduch, parlamentario de UPyD, ha señalado que las enmiendas de su grupo van encaminadas al "mecanismo de control" buscando que "sea el poder legislativo el que compense las condiciones excepcionales de ejercicio de competencias".
El diputado de ERC Joan Tardá ha señalado que la ley de seguridad nacional viene a "incrementar todo el aparato legislativo del que dispondrá el Ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27S mediante unas elecciones que pueden dar lugar al inicio de un proceso constituyente que tiene que desembocar en la proclamación de la república catalana".
Tardá, que ha acusado al Gobierno de "ir poniendo aceite lubricando la maquinaria represiva", ha dicho que con esta ley "se recuerda que existen escenarios que pueden hipotecar el proceso democrático catalán mediante estados de alarma, de excepción y de sitio", llegando a hablar incluso de la "suspensión de la autonomía".
En esta misma línea, el diputado de Amaiur, Rafael Larreina, ha destacado la concepción "muy antigua" de esta ley" que es más propia del siglo XIX y ha destacado que "el peligro de la seguridad del Estado nunca está en el ejercicio de la democracia" sino en la "corrupción".
El diputado de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha mostrado el rechazo de su grupo al proyecto acusando al Gobierno de utilizar el "discurso del miedo" al relacionar el concepto de seguridad "sólo con riesgos y amenazas en vez de priorizar en vínculos sociales" y ha asegurado que "en este momento la mayor amenaza para el país se llama PP y especialmente si actúa bajo una mayoría absoluta".
Para el diputado del PNV Emilio Olabarría, ha puesto el acento en que se trata de una ley "recentralizadora" al poner en entredicho el Estado autonómico y ha recordado que "bastante se ha erosionado ya el estado autonómico". En nombre de CiU, Antoni Picó ha insistido en que no comparten "la letra" de esta ley porque supone "una nueva excusa para vaciar de competencias a las comunidades autónomas".