Toda la prensa andaluza coincide en señalar al PSOE como responsable único del "urbanismo desaforado" e ilegal que ha inundado Andalucía, sobre todo las zonas costeras, desde su triunfo en 1982 y, especialmente, en la etapa de gobierno de Manuel Chaves, como otra forma de clientelismo político y social. Su sucesor, José Antonio Griñán trató de legalizar miles de ellas sin lograrlo y Susana Díaz vuelve ahora, de nuevo, a intentarlo, por segunda vez, aunque se ciñe a sólo 25.000 viviendas irregulares de las muchas más que existen en Andalucía.
La propia Junta considera que estas miles de viviendas, fruto de reparcelaciones incontroladas, gravitan en un "limbo legal" que impide a los propietarios de estas casas inscribirlas en el registro para acceder a los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado. La mayoría de estas viviendas se encuentran en el levante almeriense y en la Axarquía malagueña, aunque también hay asentamientos conocidos en Córdoba capital y en la provincia de Cádiz: Chiclana, Conil, etc.
En 2011, cifró este tipo de viviendas en 11 y se propuso legalizarlas mediante un decreto específico, aprobado en 2012. Su escasa aplicación hizo que se intentara reformar en la pasada legislatura la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) ascendiendo su número ya a las 25.000 que se estiman ahora. La medida fue aprobada por el PSOE con el voto en contra de IU y la abstención del PP. Ayer, Susana Díaz, por segunda vez, trata de impulsar el proyecto. La novedad respecto al anterior es que incorpora un informe favorable del Consejo Consultivo, que, por cierto, afirma que las viviendas irregulares son más de las 25.000 reconocidas por la Junta.
De prosperar parlamentariamente, las viviendas afectadas estarán regularizadas, pero no legalizadas, aporta El Correo de Andalucía. Esto es, no podrán ser ampliadas ni reformadas ni acceder a ayudas públicas para las obras.
El nuevo consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, no quiere hablar de "amnistía" ni de "legalización, sino que se trata de resolver el problema de los propietarios, muchos de ellos extranjeros, mediante un "indulto" parcial si las casas tienen más de seis años. Si sale adelante, quedan años para la solución porque los ayuntamientos tendrán dos años de plazo para elaborar y presentar a la consejería un censo de las viviendas irregulares ubicadas en sus municipios pero hasta ahora sólo 271 municipios han respondido a la Junta, más de 200 aseguran que no tienen viviendas irregulares en sus territorios y el resto tramita el visto bueno para regularizarlas o ya lo tiene aprobado.
La realidad está ahí fuera de la Junta
Se estima en más de 300.000 las viviendas reales en situación de ilegalidad que hay en Andalucía, fruto de una política urbanística clientelar. El Mundo opina hoy que el urbanismo andaluz "se ha regido por una regulación que lleva registradas nueve reformas legales en trece años, dos de las cuales pertenecen ya al periodo de gobierno de la presidenta Díaz. La Junta, sin embargo, parece no poder abandonar ya este impropio camino" de parches y disparates urbanísticos perpetrados por no pocos ayuntamientos, en particular por los regidos por el PSOE.
Fue en 2008 cuando Libertad Digital dio a conocer su primer informe sobre el caso. El gobierno municipal de Chiclana, formado por PP, IUy PA en ese año encontraba inexplicable por qué no se había impulsado desde la Fiscalía Anticorrupción, desde la propia Fiscalía de Cádiz o desde los juzgados de Chiclana, la instrucción de un Caso Chiclana, similar a los casos de Marbella y Estepona, a pesar de que la envergadura cuantitativa y cualitativa de las irregularidades (nada menos que de 35 a 40.000 viviendas y construcciones ilegales), era igual o superior a los ejemplos mencionados.
Las investigaciones sistemáticas y agrupadas en Marbella y Estepona destaparon amplias y complejas redes de corrupción político - empresariales - urbanísticas con las consecuencias penales de todos conocidas. En el caso de Chiclana, hasta 2008, no se había hecho ninguna a pesar de las denuncias ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Guardia de algunos hechos clamorosos.
Una gestión del PSOE
En Chiclana toda la gestión urbanística en su conjunto, la que afecta al Ayuntamiento y la correspondiente a la Junta de Andalucía, fue hasta entonces responsabilidad única y exclusiva del Partido Socialista desde el comienzo de la avalancha de irregularidades en 1983 y hasta el año 2007, año en que la coalición de PP, IU y andalucistas logró la victoria electoral. Fue entonces cuando se comenzó a denunciar activamente el caso Chiclana.
En el caso Marbella, la operación abierta por el Juez Torres fue dirigida preferentemente hacia Jesús Gil y el partido de GIL. Aunque era sabido que el PSOE había gobernado desde 1979 a 1991 y que los ya entonces numerosos casos de corrupción fueron denunciados incluso por los propios alcaldes socialistas – alguno de aquellos implicó directamente a Jaime Montaner y a José Miguel Salinas, consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía respectivamente aunque fue archivado por prescripción -, el GIL y los Gil así como sus sucesores fueron los principales destinatarios de la investigación.
En el caso Estepona, igualmente, se superpusieron las gestiones políticas de PSOE y de GIL desde 1983 a 2007 si bien quedó muy claro cuál ha fue el comportamiento ilegal y corrupto de su último alcalde, el socialista Antonio Barrientos, que abarca desde irregularidades urbanísticas a compra de votos con empleos municipales, caso aun no juzgado.
Chiclana: Operación de clientelismo político
En Chiclana, las irregularidades y presuntos delitos eran y son ampliamente conocidas por la población. El PP de Chiclana y una parte de IU estuvieron denunciando públicamente estas irregularidades y presentando denuncias y querellas en la Fiscalía y en el Juzgado de Guardia. Lo que sí se puso en marcha fue la expulsión del gobierno de coalición que quería investigar mediante una alianza oscura entre el PSOE y los andalucistas de Pedro Pacheco.
La operación consiste en una moción de censura impulsada por el PSOE tras haber conseguido el apoyo de Pedro Pacheco. De salir adelante dicha moción de censura anunciada por el PSOE para esta misma semana, los que quieren tapar el caso echarán a los que quieren que todo salga a la luz. De ese modo, los responsables políticos de, cuando menos, la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística que ha tenido como resultado la existencia de miles de irregularidades urbanísticas cometidas durante los 24 años de gobiernos socialistas, de 1983 a 2007, desplazarán del gobierno municipal a quienes las han denunciado.
En 2006, El Mundo describía así la situación legada por el ex alcalde de la localidad Manuel Jiménez Barrios, hoy vicepresidente de la Junta y mano derecha de Susana Díaz: "Veinticinco mil fosas sépticas, cientos de inmobiliarias, más de treinta y cinco mil viviendas sin licencia municipal, uno de los principales destinos turísticos de los turoperadores mundiales (con diez mil plazas hoteleras), patria de uno de los clanes más poderosos del PSOE andaluz, sede del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco), valiosos pinares amenazados por la especulación, playas espectaculares, doce núcleos de población definidos, casi dos mil extranjeros censados, setenta y tres mil ciudadanos, trabajo para quien lo quiera y a destajo en el sector de la construcción (aunque hay 4.624 parados oficiales) y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado desde octubre de 2006 por decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)."
25.000 fosas sépticas eran el resultado de otras tantas construcciones irregulares de viviendas y chalés ya que, al no estar consideradas propias del Ayuntamiento ni asunto de su responsabilidad, carecían de los sistemas urbanos habituales de saneamiento y conducción de aguas residuales. Consecuentemente, la evacuación de las aguas fecales se realizaba en fosas sépticas, "pozos ciegos" para los andaluces, en su mayoría de carácter individual.
Los alcaldes que consintieron la barbarie
Todas estas irregularidades fueron creciendo desde 1983 a 2007, período gobernado por los siguientes alcaldes socialistas:
a) Sebastián Saucedo Moreno, 1983-1986, que fue después y curiosamente Delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y subdelegado del gobierno de España en Cádiz.
b) José Joaquín de Mier Guerra, 1986- 1994, que fue además presidente de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz, vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Desde 1994 fue delegado de la consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz y luego delegado especial del Estado en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
c) Manuel Jiménez Barrios, 1994-2003, de mote "Chiqui", hoy vicepresidente de la JUnta fue antes secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía tras ser presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. También fue consejero de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía y de Estadio Olímpico de Sevilla, SA.
d) José María Román Guerrero, 2003-2007, que fue teniente de alcalde desde mucho antes. Es hermano de Rafael Román, alias "Franquito" por su parecido con Francisco Franco, poder fáctico del PSOE de Cádiz y Consejero de Cultura en los primeros tiempos de la Junta de Andalucía.
Posteriormente, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), decidió abrir varias líneas de investigación a promotoras y constructores para esclarecer un posible delito urbanístico no sólo en esta localidad, sino en toda la Costa de la Luz.
Fue el mismo fiscal de Medio Ambiente de Cádiz quien presentó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía un informe demoledor en 2006 que ponía el acento en problemas de gran calado como "los delitos urbanísticos, los daños a la naturaleza por obra humana o los atentados al patrimonio histórico". En su memoria de 2007, abogó directamente por la demolición de las construcciones ilegales:
"Mantenemos que, hasta cierto punto, el restablecimiento de la legalidad que supone la demolición es un prius a la sanción, más importante que ésta, sin la cual la represión (penal o administrativa) es una entelequia que no puede cumplir ninguna función preventiva, pues aparece como un coste superior (e incierto) de esa vía heterodoxa de obtener lo que la Ley prohíbe", dice textualmente en la Memoria de 2007. Y agrega: "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?".
Incluso el Defensor del Pueblo de Andalucía, entonces José Chamizo, pidió la intervención de la Agencia Tributaria ante la sospecha de que pudiese haber también un delito fiscal en Chiclana de la Frontera, donde se contabilizaban hasta 40.000 viviendas sin licencia y en condiciones completamente irregulares. Además,reclamó al Ayuntamiento de la localidad gaditana que cortara los servicios a las viviendas ilegales y evitara que se firmen nuevos contratos, tal y como explicó el propio Chamizo al diario El Economista.
Amenazas de muerte
El portavoz municipal de Izquierda Unida en Chiclana en 2008, José Pedro Butrón, miembro de la coalición de gobierno, denunció en 2007 ser objeto de una campaña de descrédito por parte de personas del entorno del PSOE –incluso con supuestas amenazas de muerte y agresiones- tras sus denuncias por las irregularidades urbanísticas que se estaban registrando en el término municipal
Según Izquierda Unida, al socialista José María Román, entonces exalcalde, la ciudad se le fue de las manos y echaba la culpa de todos los problemas, presentes y futuros, a los que nada tienen que ver con los mismos. Se intentó crispar la ciudad y el ambiente con acusaciones falsas.
El PSOE, por su parte, anunció la presentación de una querella criminal por calumnias contra José Pedro Butrón, tras culpar éste públicamente al Partido Socialista de haber sido el instigador de las amenazas de muerte recibidas a través de comentarios realizados a personas de su entorno familiar. Butrón dijo: "Si me pasa algo a mí o a alguien de mi entorno, haré responsable de ello al PSOE".
Butron, junto a los ecologistas de Agadén y el PP, fue quien encabezó las denuncias ante el caos urbanístico de Chiclana.