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Marjaliza recibió diez millones en billetes de 500 con facturas ficticias

El sumario de la trama Púnica revela, además, las sospechas de la Guardia Civil sobre financiación ilegal en el PP valenciano.

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David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, recibió en efectivo y en billetes de 500 un total de 10 millones con facturas ficticias a través de 9 empresas vinculadas a él, un dinero "ennegrecido" que, según Anticorrupción, provino de operaciones fraudulentas.

Así consta en la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional contenida en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, y que dio inicio a la investigación sobre la trama Púnica, que desembocó el pasado octubre en una operación en la que se detuvo a medio centenar de personas.

En la querella, se explica que Marjaliza recibió en 2004, 2005 y 2006 3.192.925, 5.506.842 y 1.548.588 euros, respectivamente, de acuerdo a "facturas que recogían servicios y relaciones comerciales que no habían tenido lugar, cargadas a sus empresas". Así, recibió en total 10.248.356 euros, un dinero que, según Anticorrupción, fue luego "en parte enviado a Suiza mediante operaciones de compensación".

Marjaliza, junto a Granados, es el único de los 92 imputados en este caso que continúa en prisión.

Sospechas de financiación ilegal en el PP

En total, este viernes se han notificado 60 tomos del sumario de la trama. Los miles de folios que han salido a la luz también han desvelado que la trama podría haberse ofrecido a financiar ilegalmente al PP valenciano en las elecciones del pasado mes de mayo. El Grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil detectó dos conversaciones del constructor David Marjaliza que apuntaban a que pretendían entregar donaciones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas en los municipios de Calpe y Elche.

Los agentes precisaron, en un informe remitido al juez Velasco, que si se confirmaba el contenido de las llamadas telefónicas se estaría "ante un caso de financiación irregular de partidos políticos" con la participación de "personas de especial relevancia en la Comunidad Valenciana".

Los agentes suponen que la trama había iniciado "contactos con autoridades públicas" y agregan que en esos encuentros "pudiera producirse un concierto para la adjudicación de contratos de antemano a cambio de financiación de una campaña política".

En la primera de las conversaciones Marjaliza habla con otro de los empresarios imputados en la trama, Alejandro de Pedro. Éste último comenta que se reunió el 19 junio de 2014 con "Zaplana", que los agentes identifican como el exministro popular. De Pedro dice también a Marjaliza que tiene previsto reunirse la siguiente semana con el presidente de la Comunidad Valenciana, en esas fechas Alberto Fabra, para tratar "el tema de campaña".

La Guardia Civil no concreta si ese encuentro llegó a producirse. "A juicio policial del contenido y tono de la conversación puede deducirse que en la reunión que tiene previsto mantener con el presidente, dado que le van a reclamar para la campaña (previsiblemente la campaña para las elecciones que se celebrarán en 2015) va a solicitar como contrapartida la adjudicación de contratos", dice en su informe.

Una conversación comprometedora

Según la transcripción de la conversación, De Pedro dice a Marjaliza: "Voy a ponerme la reunión con el presidente la semana que viene si no pasa nada, ¿vale?. Una de las ideas que se me han ocurrido es que, como él ahora me va a pedir tema de campaña". En ese punto, Marjaliza le corta para advertirle que no trate ese tipo de cuestiones por teléfono. "Lo hablamos pero no por teléfono que es mejor, lo hablamos vis a vis", le dice.

Unos minutos después Marjaliza habla con alguien identificado como Alfonso y ambos se refieren a la misma publicación de concursos en Elche y Calpe. Alfonso afirma: "apalabraíllo teníamos de los siete, uno seguro y dos bueno". "De dicha afirmación parece deducirse que tendrían comprometida la adjudicación de un procedimiento público de contratación", indica la Guardia Civil.

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