Las cárceles han sido durante años el principal foco de captación islamista. Pese a que ahora han pasado a un segundo plano y las redes sociales se han convertido en el epicentro del adoctrinamiento y reclutamiento yihadista, el Ministerio del Interior sigue controlando que la semilla del odio no se extienda en las prisiones españolas, sobre todo, tras el aumento de la población reclusa de riesgo.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cifró el jueves en 186 el número de presos que están sujetos a un especial seguimiento en las cárceles españolas donde cumplen condena mediante programas específicos de prevención de la radicalización. El número ha subido de forma ostensible en los últimos años, al mismo ritmo que lo han hecho las detenciones de células yihadistas a los largo y ancho de toda la geografía española.
Estos presos están clasificados en tres categorías según su peligrosidad. Los altamentos radicalizados se encuadran en la categoría A. Los medianamente radicalizados están en la categoría B, mientras que los susceptibles de radicalización están en la categoría C. Los tres grupos reciben tratamiento de presos FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), algo que los de la categoría C no recibían hasta antes del atentado de Charlie Hebdo en París.
Todos son sometidos a estrictos controles y sobre sus evoluciones se realizan informes periódicos. Por ejemplo, se controlan las visitas y las comunicaciones que reciben o realizan, con el objetivo de tener conocimiento de si mantienen contactos con personas del exterior relacionadas con cualquier tipo de delincuencia organizada o actividad terrorista, al igual que se controlan las relaciones que mantienen los propios presos entre sí.
Al contrario que con los presos de la organización terrorista ETA, la población reclusa de riesgo yihadista no está sujeta a una política de dispersión, pero tampoco se les suele tener excesivamente juntos. Normalmente, se les suele tener separados en diferentes módulos intento que no coincidan en el mismo perfiles excesivamente similares.
A estos presos se les somete a cacheos y registros de forma periódica para controlar que no tengan en su poder textos, grabaciones o archivos de audio o vídeo con contenidos que exalten el yihadismo. El objetivo fundamental es que con este material potencialmente peligroso no pueda ser utilizado dentro de las prisiones para actividades de proselitismo o adoctrinamiento.
En esta línea de control, desde las Prisiones se llega a controlar incluso los movimientos económicos que hay en las cuentas que cada uno de ellos tiene en su centro penitenciario, para estudiar el origen del dinero que les es ingresado e, incluso, los retiros de dinero que pueden realizar otros reclusos, expresos o personas vinculadas con los mismos.