La delegada de Hacienda de Puerto Real (Cádiz), de Sí se puede (la marca de Podemos), Mónica González, está imputada en una causa abierta en la Audiencia Nacional que investiga la estafa millonaria que pudo cometer la empresa Eurowork contra miles de inmigrantes sudamericanos.
La propia concejala y el alcalde, Antonio Romero, comparecerán este mediodía ante la prensa para explicar los detalles de este caso, ha anunciado el Ayuntamiento de Puerto Real en un comunicado.
El caso se retrotrae a 2006 cuando González trabajaba como administradora única de Eurowork, un proyecto que pretendía ayudar a buscar trabajo a los inmigrantes llegados de diversos países americanos a España.
Esta entidad se encargaba de gestionar los visados, para lo cual cobraba unos 400 euros a los solicitantes, y de buscarles trabajo, pero ese empleo no llegaba y la devolución prometida del dinero no se ejecutaba, lo que motivó hasta 5.000 denuncias.
En declaraciones a Diario de Cádiz, González se ha autodefinido como "una estafada más" y ha negado ser partícipe del engaño, ya que no tenía acceso a los pagos ni a las cuentas de Eurowork.
"Cuando me contaron el proyecto pensé que era precioso y que era lo que yo quería hacer", ha explicado González, quien comparecerá públicamente a las 13:00 para dar su versión sobre este caso y confirmar si sigue como concejala o presenta su dimisión.
González no es la única edil investigada judicialmente en el gobierno de Puerto Real, ya que también la Fiscalía ha enviado a la Audiencia Nacional la denuncia por los mensajes ofensivos que dejó en redes sociales otro edil de Podemos, Juan Antonio Pontones, en los que llegó a elogiar a los GRAPO y a desear la muerte de policías.