El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su apoyo a los jueces catalanes ante el "intolerable" ataque a su independencia por parte de aquellos que han cuestionado su actuación en la querella por la consulta alternativa del 9N.
En un comunicado, el CGPJ, a la vista de lo ocurrido con ocasión de la comparecencia de miembros y exmiembros del Gobierno de la Generalidad de Cataluña ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad (TSJC), hace suya la declaración de este órgano autonómico y muestra su apoyo a los jueces catalanes.
El TSJC ha señalado que las manifestaciones de apoyo a los imputados por el 9N son un "ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial" y un cuestionamiento que es "aún más inadmisible" cuando es diseñado por representantes públicos.
Varios centenares de personas se han concentrado ante la sede del TSJC para apoyar a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CDC), y la exvicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega (UDC), que han acudido a declarar por el 9N, y que han estado acompañadas también por miembros del gobierno catalán.
Durante el pleno del CGPJ, su presidente, Carlos Lesmes, y la práctica totalidad de los vocales han apoyado este comunicado del TSJC, salvo, según han indicado a Efe fuentes judiciales, Roser Bach, Concepción Saez y Enrique Lucas, que se han ausentado de la reunión para no suscribirlo. Tampoco lo han hecho, pero porque no han asistido al pleno, las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda.
Además de Lesmes, han ratificado su apoyo a la declaración Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Rafael Mozo y Wenceslao Olea.
El órgano de gobierno de los jueces manifiesta "su firme voluntad, ante tan intolerable actuación, de prestar todo su amparo a los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". Y lo hace porque entiende que los "graves" hechos denunciados "afectan a los más esenciales principios del Estado de Derecho, como son la independencia judicial y la separación de los distintos poderes del mismo".