Rosa Díez quería terminar su carrera política logrando un consenso de los dos grandes partidos para apoyar las líneas básicas de su propuesta de Ley de Lenguas, que abogaba por recuperar y hacer efectiva la oficialidad del castellano en toda España, pero sólo lo ha conseguido parcialmente y con matices que desnaturalizan la propuesta inicial.. La formación magenta, que tuvo que presentar su iniciativa como interpelación al no llegar a plazo para que fuese una propuesta de Ley, ha propuesto este martes una enmienda transaccional con tres puntos, que finalmente ha salido adelante con el apoyo del PP y la abstención del PSOE. Al anunciar la votación, el presidente del Congreso, Jesús Posada, anunciaba que la enmienda se presentaba también con el apoyo socialista. Una vez realizada la votación, la diputada socialista Sofía Herranz le corregía y Posada aclaraba: "Que conste, porque no era un error de palabra, sino un error conceptual, porque como hemos hablado creía que era los dos grupos los que la habían firmado".
El primero de los puntos tal y como estaba en la interpelación de UPyD, dice así: "Reafirma [el Congreso de los Diputados] la vigencia del artículo del 3 de la Constitución Española que en relación a la lengua común proclama en su apartado 1: ‘El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla’".
Pero a partir de ahí comienzan los matices necesarios para que PP y PSOE se sumen. El primero un segundo punto totalmente nuevo en el que se "reafirma igualmente la oficialidad de las demás lenguas españolas en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, en virtud de lo que también proclama el artículo 3 de la Constitución española en su apartado 2".
La clave está en el tercer punto, que queda modificando sustancialmente. Donde UPyD proponía instar "al Gobierno de España a promover y/o adoptar todas las medidas legislativas o administrativas que sean precisas para garantizar que todos los ciudadanos españoles sea cual sea cual sea su lugar de residencia, tengan garantizado su derecho efectivo a elegir y utilizar sin ningún tipo de restricción la lengua oficial que prefieran" la transaccional evita el término "adoptar" y se limita al menos comprometido de "promover". Además, cambia "lengua oficial" por "lengua cooficial".
Los puntos fuertes de la propuesta que Andrés Herzog presentó a finales de septiembre hablaban de acabar con la discriminación por razones lingüísticas en el acceso al empleo público en las comunidades bilingües, permitir que el castellano sea lengua vehicular en al escuela, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo para Cataluña, recuperar los topónimos en castellano o acabar con los pinganillos de traducción simultánea en el Senado. El propio Herzog mostraba hace unos días en una entrevista con este periódico su escepticismo sobre la actitud de los dos grandes partidos al respecto: "En esta materia el PP se ha retratado: está por la discriminación por razones lingüísticas en las comunidades bilingües. Apoya la inmersión y no ha movido un dedo para acabar con las multas lingüísticas. Es muy grave porque hay varias sentencias del Tribunal Supremo que avalan que se debe garantizar la enseñanza en castellano, la elección de la lengua materna es un derecho fundamental".