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Los pasos del TC ante el desafío separatista

El bloque separatista del Parlamento catalán acelerará el proceso el lunes. El recurso de inconstitucionalidad preparado por el Gobierno, al detalle.

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Los pasos del TC ante el desafío separatista
Tribunal Constitucional | Archivo

Habrá debate sobre la resolución de ruptura en el Parlamento de Cataluña. Lo habrá sin que suponga desobediencia a las órdenes de los magistrados. Pese a admitir a trámite los recursos de amparo presentados por Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista Catalán contra dicha moción, el Tribunal Constitucional desestimó este jueves la aplicación de las medidas cautelares solicitadas por estos dos primeros. De esta forma, Juntos por el sí y la CUP darán previsiblemente el lunes luz verde al texto que declara el "inicio del proceso de creación del Estado catalán en forma de república".

Y el Gobierno de España responderá. Los servicios jurídicos de Moncloa han elaborado ya el recurso de inconstitucionalidad que interpondrán ante el Alto Tribunal. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo ha confirmado esta mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una vez aprobada la moción rupturista, se pondrán en marcha inmediatamente los trámites previa petición de un informe al Consejo de Estado y convocatoria urgente del Consejo de Ministros.

Los pasos del Tribunal Constitucional

Llegaría el turno del Tribunal Constitucional ante este hipotético escenario. Al ser el Presidente del Gobierno quien emite el recurso de inconstitucionalidad, reservado a los máximos representantes políticos, la mera admisión a trámite suspendería automáticamente la resolución impugnada tal y como recoge el artículo 161.2 de la Carta Magna. Permanecerá sin validez, a tenor del citado precepto, hasta que el Tribunal de garantías ratifique o levante la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

En vista de la entidad del asunto, considerado por los magistrados de "especial trascendencia constitucional", la admisión a trámite será cuestión de horas. Una vez se efectúe, el Constitucional ha de dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno y al Parlamento de Cataluña. En un plazo máximo de 15 días, las partes pueden formular alegaciones y personarse en el procedimiento si lo estimasen oportuno. Transcurrido ese período, el Alto Tribunal dictará sentencia.

Desobedecerán la sentencia

Cabe esperar que el Parlamento de Cataluña eluda el cumplimiento de la legalidad con el advenimiento del bloque separatista. Así se encuentra reflejado en el texto íntegro de la resolución separatista, léase en uno de sus puntos: "Como depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente, este Parlamento y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, al que considera deslegitimado y sin competencia".

Una de las posibles vías de respuesta se acerca propiamente al Constitucional. Con la reforma aprobada por el Gobierno mediante ley orgánica a mediados del pasado mes de octubre, los magistrados adquirieron la capacidad de ejecutar sus propias sentencias. Aunque en el seno del tribunal existen dudas, una opción descansa en la imposición de multas coercitivas, es decir, que impidan a los representantes separatistas continuar con el proceso empleando la fuerza si fuera necesario.

La otra posibilidad erige en protagonista al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Si el TC envía de vuelta la decisión al Gobierno, entrarían en juego las herramientas constitucionales a su disposición para velar por el cumplimiento de la ley. Pese a que Mariano Rajoy prefiera una respuesta prudente y proporcionada, lucirá de nuevo el famoso artículo 155 de la Constitución por el que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones legales, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general.

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