Nació de la Generalidad de Cataluña y la Fiscalía quiere comprobar si el Gobierno de Artur Mas controlaba la consulta del 9 de noviembre, pese al veto que dictó cinco días antes el Tribunal Constitucional. En un escrito presentado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Anticorrupción se centra la intervención de las plataformas informáticas, en dos direcciones. Ha solicitado la apertura de diligencias, por un lado, para esclarecer la forma en la que el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña proporcionó los instrumentos esenciales para la votación. Además, quiere averiguar si se utilizaron ficheros públicos que contenían datos personales de los ciudadanos.
Hubo desobediencia. Así lo considera la Fiscalía que poco después de la consulta se querelló contra el presidente Artur Mas y dos miembros de su Gobierno: la exvicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya tomó declaraciones a los tres como imputados. Pero la investigación se amplía a raíz de la documentación enviada por las autoridades y las empresas implicadas sobre la organización del 9N. Según esta información, sostiene la representación fiscal que "se observan elementos que inequívocamente apuntan" a que la Generalidad de Cataluña encargó a sus empresas informáticas el desarrollo de plataformas específicas para la votación.
Las propias compañías privadas que prestan servicios TIC facilitaron información relativa a los contratos con las autoridades catalanas a instancias de la Fiscalía. Con las nuevas diligencias solicitadas se trata de establecer hasta qué punto la Administración catalana mantuvo en todo momento y hasta el final un control determinante sobre la preparación y desarrollo de la votación, en abierta contradicción con la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.