Le acusan de practicar más de 500 abortos a niñas indígenas e integrantes de las FARC, incluso en el séptimo u octavo mes de embarazo. Mujeres a las que violaban y amenazaban con fusilar en caso de negarse a pasar por las manos de el Enfermero, como le conocían entre los terroristas.
El juez Eloy Velasco ha dejado en libertad a Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, de 40 años, detenido el pasado sábado después de que las autoridades colombianas advirtieran de su presencia en Madrid. El magistrado de la Audiencia Nacional le ha impuesto la retirada del pasaporte, comparecencias semanales al juzgado y la obligación de designar su domicilio y teléfono mientras se tramita la reclamación extradicional de Colombia.
Sus crímenes podrían haber prescrito, sufre una enfermedad degenerativa que le obliga a desplazarse en silla de ruedas y posee arraigo en Madrid. Son los argumentos que ha esgrimido Velasco para justificar la puesta en libertad. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 ha dado un plazo de 40 días a Colombia, que reclama la extradición, para que presente los documentos oportunos. Consultará a el Enfermero de las FARC, con doble nacionalidad, española y colombiana, si desea o no ser entregado una vez que reciba la información del país sudamericano.
Algunas murieron en la intervención
La Interpol había emitido una circular roja sobre Héctor Albeidis por delitos de "tortura agravada, aborto sin consentimiento y concierto para delinquir". Tortura, por ejemplo, que sufrían niñas indígenas reclutadas a la fuerza en la comunidad del Chocó, también mujeres pertenecientes a las FARC. El Enfermero practicó la mayor parte de los abortos entre 1998 y 2000, aunque se repartieron durante al menos 15 años en zonas remotas del oeste y centro de Colombia. Una orden desde la cúpula de la organización terrorista decretaba el fusilamiento de las víctimas embarazadas tras violación que se negaran a ser intervenidas.
"Varias mujeres murieron en estas prácticas de abortos y otras quedaron con lesiones, otras refirieron que esto para ellas fue una tortura", explicó el director nacional de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía colombiana, Luis González León. Según el informe "Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC", elaborado por expertos de la Universidad Sergio Arboleda, los propios terroristas facilitan anticonceptivos a sus compañeras y, si no evitan el embarazo, son obligadas a abortar en la mayoría de los casos en lo más profundo de la selva, con el consiguiente riesgo para su salud.