El ex presidente catalán Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, darán cuenta del origen de su fortuna en la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata ha dictado trece autos en los que impulsa la instrucción del caso Pujol. Ha asumido la competencia para investigar la rama hasta ahora en manos de Beatriz Balfagón, titular del juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, y directamente imputa un delito continuado de blanqueo de capitales al matrimonio.
El clan Pujol ha orquestado una estrategia para desarrollar distintos negocios económicos, "generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos", sostiene el magistrado De la Mata. Suma también a su instrucción a los hermanos Marta, Mireia y Oleguer, que permanecían imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Barcelona.
El matrimonio Pujol Ferrusola estará el 10 de febrero en Madrid. A las 10.00 horas, el magistrado interrogará al exjefe del Gobierno catalán; y a las 11.30 horas a su mujer. Pero no serán los únicos: al día siguente, 11 de febrero, Jordi Pujol Ferrusola declarará a petición propia para explicar las nuevas informaciones sobre movimientos bancarios. UPyD pide como medidas cautelares para el primogénito que ingrese en prisión o, al menos, se le retire el pasaporte.
El magistrado ha acordado también citar a declarar como testigos el 9 de febrero al empresario Sebastián Vives Sancha, presidente en Life Global Group; al promotor inmobiliario Manuel José Nadal y a dos representantes de distintas compañías que obtuvieron contratos con la Generalidad, José Ramón Ruiz y Francisco Javier Vizcaíno.
Y dirige el foco a FCC Construcción S.A. Ante las sospechas de pago de comisiones millonarias a cambio de concesiones públicas le reclama "todos los informes, correos y demás documentos" que acrediten el contenido y el cumplimiento de un contrato que suscribió en enero de 2006 la constructora con Rainford Towning, considerado testaferro de los Pujol.
Capital de presunto origen criminal
"Un patrón de comportamiento reiterado durante años que apunta a elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación". Es lo quepercibe el Juzgado Central de Instrucción número 5, que advierte vínculos, pautas "comunes" de comportamiento y el reparto de cantidades "multimillonarias" entre cuentas vinculadas a la familia ocultas en el extranjero.
Para comenzar el dibujo de las actividades, el magistrado relata que Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercé Gironés, son titulares de varias cuentas en Andorra cuya existencia negaron y de las empresas Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Traslation e Inter Rosario Port Services. Facturaron más de 11 millones de euros, no generaron ningún valor real añadido y su "única utilización fue canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y el extranjero".
Operaban mediante "contratos simulados y facturas falsas" a través de un entramado societario. Según el juez, sus cuentas recibieron ingresos multimillonarios identificados en algunos casos con "personas que desarrollan una labor empresarial entroncada con el sector público en Cataluña". Señala como presuntos testaferros a José de Alba Barnola, Antoni Zorzano Riera o Juan Manuel Rosillo Cerrejón, que le habrían permitido guardar abrir depósitos en México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Panamá o Andorra.
La política no da tanto dinero
El mayor de los hermanos distribuyó los fondos entre sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta y su madre en cantidades iguales o similares, generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido a sus cuentas. Es la versión que mantiene el auto en el que refleja también importantes retiradas de ese dinero.
Pero hay una cuenta más importante, concretamente la 63810 de la Banca Reig. Expone de la Mata que el titular real es Jordi Pujol Soley y que sus fondos fueron ingresados en efectivo. Dispuso de ellos hasta finales de 2010, con "idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta y ocultando también su origen". El 28 de octubre de 2010, dispusieron en efectivo de los 1.145.000 que guardaba el depósito y el 30 de diciembre de ese año dejaron el saldo "a cero".
Un presidente de la Generalidad no cobra tanto dinero. El magistrado llega a esta conclusión y desmonta la versión del clan, que ligaba el origen de la fortuna con la herencia del abuelo Florenci. José de la Mata insiste en la existencia de "operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias". Habla de contratos "aparentemente simulados, sin causa real, sin contenido y sin entregables contrastables" además de explicaciones y coartadas contradictorias.
Entre la batería de diligencias, el juez de la Audiencia Nacional desestima todos los recursos planteados por las defensas respecto de las diferentes medidas cautelares adoptadas y los registros practicados.
Tampoco archivará las actuaciones contra Carles Vilarubí y A.G.K. De esta forma, ha rechazado los recursos para el sobreseimiento de las causas que investigan al vicepresidente segundo del Barça y al empresario de Life Mataró, ambos imputados.
Carles Vilarrubí. Según de la Mata, la investigación apunta a "una relación continuada en el tiempo, caracterizada por la realización de pagos sin causa, no justificados y sin resultado aparente".Los pagos habrían comenzado en 1995 con el abono de Pujol Ferrusola de 50 millones de pesetas "sin razón aparente". Entre 1998 y 2000 se realizaron hasta ocho transferencias millonarios como "intereses parciales Cerdanya", cuando Villarubí constaba como representante de la sociedad Restaurantes de Cerdanya SL. En 2000, Pujol Ferrusola transfirió a Vilarrubí seis millones de pesetas.
En relación al empresario hotelero, no se puede negar la relación entre sus empresas y las del priogénito de los Pujol: "Consta que se generaron comisiones por casi 1,7 millones de euros sin contrato entre las partes", dice el juez, que agrega que se efectuaron pagos a sociedades que no habían realizado ninguna actividad.