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La Audiencia retoma la historia de los jesuitas españoles asesinados en El Salvador

La Justicia del país ha efectuado un giro jurisdiccional que permite al juez Velasco impulsar la investigación de la masacre de 1989.

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La Audiencia retoma la historia de los jesuitas españoles asesinados en El Salvador
Los asesinatos se produjeron en 1989 | Archivo

En la Masacre Jesuita ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador, país soberano de América central ubicado en el litoral del océano Pacífico, asesinaron a seis sacerdotes y dos mujeres colaboradoras de los religiosos. Cinco de ellos eran españoles. Los clérigos asesinados fueron Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana UCA, Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes y el salvadoreño Joaquín López y López, además de la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años. Aquel día, 17 militares salvadoreños irrumpieron en su espacio y cargaron contra sus vidas.

El conflicto se tensó entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En ese contexto de "intensa polarización" que dibujó el magistrado se produjo el atentado contra los sacerdotes, que mediaban entre las partes para un proceso de diálogo. En virtud de su afinidad con la teología de la liberación, se les acusó de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista al servicio del Kremlin".

Los servicios de inteligencia nacionales avisaron de la supuesta presencia de un centenar de terroristas en la Universidad Centroamericana. Tal y como sostiene el relato de Eloy Velasco, el asalto se produjo después, cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y "en pijama". Tras los crímenes, otro de los soldados, Guevara Cerritos, escribió una pintada en la pared para atribuir la matanza a la guerrilla: "El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o Muerte".

Eloy Velasco, al amparo del concepto de justicia universal, abrió el proceso judicial en mayo de 2011, cuando libró órdenes internacionales de detención y extradición contra los presuntos responsables de la masacre. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó en agosto la difusión con código rojo de INTERPOL a la búsqueda y localización de los militares, pero no a la captura de los mismos. De esta forma, denegaba su entrega a las autoridades españolas.

Giro jurisdiccional

Pese al grito de Justicia de los jesuitas, el proceso ha permanecido estancado durante cuatro años. Hasta agosto de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador habilitó a este tipo de notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de personas perseguidas por la ley. En virtud de esta resolución, José Collado Molinero, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España solicitó la reiteración de las órdenes internacionales de detención y entrega de los procesados.

La Fiscalía emitió inmediatamente el informe para mantener las órdenes vigentes y, el pasado 30 de diciembre, la Procuradoría Para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador manifestó su disconformidad con la resolución denegatoria dictada en 2011 por la Corte Suprema.

Los eslabones de este proceso judicial desembocan este martes en la reiteración del juez que asumió en caso en España. En virtud de los escritos que reconocen "el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de la existencia de guerra internacional, estando el Estado en el que sucedieron los hechos obligado a llevar a cabo la persecución correspondiente… procede reiterar a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención y entrega que se expidieron por este Juzgado".

Traslado a la Interpol

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha dado traslado de su orden a Interpol, mandando copia al centro de operaciones y a la Oficina Sirene. Según la mencionada nota, los militares requeridos son los que fueran exviceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el general Juan Rafael Bustillo; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda, el teniente José Ricardo Espinosa, el soldado Gonzalo Guevara Cerritos; el coronel Francisco Elena Fuentes, y el resto de miembros Óscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Avalos, Ángel Pérez Vásquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León Linares. Son presuntos responsables de asesinato terrorista y crímenes de lesa humanidad o contra el derecho de gente.

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