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Libertad bajo fianza para siete detenidos por el escándalo del PP valenciano

La investigación apunta a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien el presunto cabecilla de la trama llamaba "la jefa".

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Libertad bajo fianza para siete detenidos por el escándalo del PP valenciano
María José Alcón, exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia | EFE

Si el nombre de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, ha encabezado hasta ahora todas las informaciones sobre el caso Imelsa, el paso de las horas dirige el objetivo hacia otro nombre importante. Es el de la exalcaldesa de la capital del Turia, Rita Barberá. Han vuelto a primer plano las grabaciones que entregó el exdirigente de la empresa Imelsa, Marcos Benavent, en las que, por ejemplo, se escuchaba a Rus contando billetes de comisiones ilegales. Al parecer, ambos se habrían referido en ellas hasta en cinco ocasiones a la ahora senadora, a la que llamaban "la jefa".

También vierte sospechas la investigación alrededor de la financiación del Partido Popular en Valencia. Falta por esclarecer si sus campañas electorales corrían a cargo de las posibles comisiones ilícitas en el punto de mira. El primer mapa judicial de esta macrooperación lo va a dibujar en las próximas horas el Juzgado de Instrucción Nº18 de Valencia. Lo hará cuando termine de tomar declaración a los 24 detenidos este martes, cuyas comparecencias continúan a lo largo del día.

Siete detenidos, en libertad provisional

El instructor del caso Imelsa ha decretado libertad provisional para los siete detenidos que han declarado desde este miércoles por la operación anticorrupción por amaño de contratos en la Comunidad Valenciana.

A cuatro de ellos, el juez les ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 ha acordado asimismo dejar en libertad a la secretaria del grupo municipal del PP, Carmen García Fuster, para quien el fiscal ha pedido prisión.

Este miércoles, siete de los detenidos en el marco de la denominado Operación Taula han pasado a disposición judicial, entre ellos el ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Cortes valencianas David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, y el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón, que precisamente fue también detenida y la primera en prestar declaración ante el juez.

Además de Serra, García Fuster y Vicente Burgos, se encuentran también en las instalaciones de la Ciudad de la Justicia dos arquitectos, el exasesor del Ayuntamiento de Valencia Pedro Aracil y un empresario y ex suegro del ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, también investigado en la causa.

Caso Imelsa

Cobraban comisiones millonarias a cambio de conceder contratos para obras públicas. Proyectos como el plan provincial de LED, dotaciones de césped artificial en instalaciones deportivas, la reforma de las Torres de Cuart y el puente de Serranos o la Mostra del Cine, adjudicada a favor del sobrino de Rita Barberá. Un agujero de dinero público que, según la investigación, lleva las siglas del Partido Popular en Valencia. En el epicentro de la presunta red de corrupción aparece el expresidente del Partido Popular en la Provincia de Valencia.

Alfonso Rus se vio forzado a dimitir el pasado abril, a apenas un mes de las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Entonces salió a la luz una grabación, que incluyó en su denuncia Esquerra Unida, para lanzar la investigación. En ella se escucha al propio Rus contando billetes de quinientos euros, al parecer de comisiones ilegales, hasta llegar a "12.000 euros, dos millones de pelas". Aparece a su lado Marcos Benavent. Como gerente de la empresa IMELSA, adscrita a la Diputación valenciana, la Justicia lo sitúa al frente de un entramado de sociedades que, a su vez, se beneficiaban mediante los contratos públicos.

Macrooperación en Valencia

La hipótesis dibuja ahora una trama infiltrada en los Ayuntamientos, incluido el de Valencia capital, con la participación directa de la Diputación. Un escenario que empapa al PP regional y municipal y que se ha saldado este martes con 24 detenidos. Entre ellos: el propio Alfonso Rus, como presunto cabecilla y hombre fuerte de la formación en Valencia; su mano derecha y exalcalde de Genovés, Emilio Llopis; la exconcejal de Cultura en el Ayuntamiento, María José Alcón, relacionada con todos los contratos bajo sospecha; la secretaria en el consistorio, María del Carmen García Fuster; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado en las Cortes Valencianas, David Serra; el exvicepresidente de la Diputación valenciana, Máximo Caturla; o Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Una larga lista engrosada por otras cinco personas en relación a los investigados. Según fuentes jurídicas, la red salpica también a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá; o el actual diputado del Partido Popular, Gerardo Camps; o el exgerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón.

Además, los agentes también han embargado un total de 150 vehículos de alta gama de las personas implicadas y han bloqueado 252 cuentas corrientes.

"Va a salir mierda a punta pala"

La rama valenciana de Izquierda Unida sugirió en su denuncia que Alfonso Rus debía conocer los presuntos ilícitos de Marcos Benavent en IMELSA, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del PP. Las grabaciones le costaron su puesto tanto en la Diputación como en el Partido Popular, en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia.

Benavent declaró en mayo de 2015 como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía. En medio del escándalo, reconoció a su salida que se había llevado "de todo" de la Diputación -aunque pensaba devolverlo, según dijo- y aseguró que colaboraría con la Justicia con intención de hacer daño "a mucha gente" contando la verdad. "Va a salir mierda a punta pala", expresó. En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un "yonqui del dinero".

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