Ha cambiado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero no su tendencia a suavizar los perfiles judiciales de los actos cometidos por Artur Mas, su camarilla y aliados. Miquel Àngel Gimeno, del sector "progresista", ha sido sustituido por Jesús María Barrientos, de la asociación Francisco de Vitoria, pero la renovación, por el momento, no ha comportado novedades sustanciales.
El TSJC se muestra renuente a tomar cartas en el asunto del golpe de Estado institucional de la Generalidad. La última prueba es el rechazo por parte del fiscal superior, José María Romero de Tejada, de las dos querellas presentadas por el sindicato de funcionarios Manos Limpias y el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) ante la declaración del pasado 9-N (en conmemoración del primer aniversario del referéndum ilegal) en el parlamento catalán en la que se instaba a desobedecer al Estado y sus tribunales, se declaraba "solemnemente" el "inicio de un proceso de creación de un estado catalán independiente en forma de república" y se ordenaba cumplir sólo con los "mandatos de esta cámara".
Ciudadanos, PSC y PP presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite y que suspende cautelarmente tal declaración. Sin embargo, Manos Limpias y UPyD dieron un paso más y presentaron denuncia por rebelión y sedición ante el TSJC contra Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los diputados Jordi Turull (CDC) y Marta Rovira (ERC) y Anna Gabriel (CUP), así como contra el ya exdiputado de la CUP Antonio Baños, promotores y firmantes del texto.
Los denunciantes han topado con el fiscal Romero de Tejada, que se ha escudado en el TC y en que la resolución separatista no contiene ningún llamamiento explícito para "alzamiento público y de forma violenta". También arguye que todavía no se ha producido ninguno de los hechos contenidos en la proclamación. Así pues, el TSJC se desentiende y no admite a trámite las querellas mientras se dilata la instrucción del otro 9-N, el del referéndum de 2014.
La fiscalía especula con investigar a Francesc Homs, ahora al frente de los convergentes en el Congreso de los Diputados, pero todavía no ha advertido que las urnas y papeletas se imprimieron en la cárcel de Lérida. Las competencias de prisiones en Cataluña corresponden al titular de Justicia, que en el momento del referéndum era Germà Gordó, esposo de una consejera del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE.
La portavoz del gobierno catalán separatista, Neus Munté, se ha mostrado conforme con el fondo pero en contra de la forma. Según ella, el Govern de la Generalidad está aplicando el "mandato democrático" de la resolución parlamentaria y está en la fase de "desconexión".