El pasado 21 de diciembre, la nueva juez del juzgado de instrucción número 6, María Núnez Bolaños, dividió el caso de la formación, como ya hizo con los ERE en nueve piezas. Pero sin que se conozcan las razones, no incluyó investigación alguna sobre los dineros recibidos para ese menester por la CEA, por CCOO y por otras entidades que recibieron más de 31 millones de euros para la formación irregular impartida en Delphi. CEA y CCOO recibieron más de 515 millones desde hace 11 años, como infirmó este lunes El Mundo y publicó durante años Libertad Digital.
Resulta más que extraña este decisión porque las presuntas irregularidades que afectan a los actores mencionados tienen que ser las mismas que las que se achacan al ex consejero Ángel Ojeda, que sí está investigado. Más extraño aún es que la juez Alaya sí decidiera iniciar las investigaciones y ahora se dejen al margen.
Entre las piezas decididas por la nueva juez del caso están las que siguen:
- Ayudas recibidas por el entramado societario de Ángel Ojeda, incluidas las subvenciones para formar y becar a los extrabajadores de Delphi;
- Conglomerado del empresario José María Pérez González;
- El grupo controlado por el ex número dos del PSOE-A Rafael Velasco;
- Los consorcios de la Junta (Ciomijas, Formades, Forman y CTI);
- La concesión, tramitación y destino de ayudas gestionadas por la extinta Fundación Pública Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe),
- El Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Pero, aunque las irregularidades presuntas de CCOO, la CEA y otras entidades son parecidas a las de los que sí van a ser investigados, la juez Bolaños excluyó de su instrucción a la UGT, por haber otro juzgado que ya la investiga y no abría pieza para investigar las subvenciones a CCOO y a la CEA, piezas con UGT de la concertación social ideada por los gobiernos socialistas cuya contraprestación era dinero para la formación. Cita El Mundo, por ejemplo, que la patronal andaluza recibió 11 millones de la Junta para formar a desempleados –con cargo a la convocatoria de 2011– que no se han impartido.
Pero más extraño aún es la decisión de la jueza sobre el caso de la formación fraudulenta de los extrabajadores en Delphi. El exconsejero Ojeda obtuvo 33,3 millones de euros para ese fin. La FAFFE consiguió 41,3 millones. Pero quedan 31,2 lograda por otros actores y empresarios que la jueza decide no investigar. Curiosamente, la Fiscalía Anticorrupción ha admitido la decisión judicial por no interponer recurso alguno.
No obstante, resulta llamativo que la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social sí hizo expresa mención de las irregularidades, de todas ellas, y las consideró susceptibles de relevancia penal. Por ejemplo, la simulación de relación laboral, actos cometidos por Ojeda, por la FAFFE, la hicieron asimismo Escuelas Profesionales Sagrada Familia, Fundación Forja XXI (3.636.554,10) y la Fundación de la Universidad de Cádiz.