La enorme extensión del sumario de la Operación Púnica revela la magnitud y la cuantía de los presuntos delitos sobre la palestra. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha levantado el secreto sobre 19 tomos de la investigación (del 61 al 79) armados con alrededor de 17.500 folios y 32 archivos de sonido con las declaraciones de algunos testigos. La nueva documentación constata un centenar de imputaciones y coloca en la cúspide de la trama a dos nombres propios: Francisco Granados y David Marjaliza.
Tanto el exsecretario general del Partido Popular como su amigo y socio urdieron una trama de "corrupción municipal y regional infiltrada sobre todo en la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia", según el magistrado. El empresario Marjaliza se erigió en uno de los dirigentes más influyentes para la corrupción sobre políticos con ayuda de colegas de su entorno. Lo consiguió gracias a la acción de Granados desde sus cargos públicos continuados entre 1999 y 2014 (alcalde de Valdemoro, secretario general del PP en Madrid o consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid).
Epicentro en Valdemoro
La Púnica funcionó con especial ahínco en su solar de origen, el municipio de Valdemoro al sur de la Comunidad de Madrid. El juez Velasco dibuja en el sumario los amaños en materia de contratación que se desarrollaron desde que Francisco Granados ostentara la alcaldía hasta junio de 2011, cuando el imputado José Carlos Boza Lechuga, también del Partido Popular, tomó las riendas del Ayuntamiento. La pauta era sencilla: si los empresarios aspiraban a obtener adjudicaciones públicas, tenían que pagar "peajes" o comisiones del 2%.
Desde ese consistorio se suscribieron una serie de contratos a cambio de mordidas, como refleja la nueva documentación. Por ejemplo, una adjudicación a la empresa Cofely de 60.8 millones de euros, de los cuales se destinó el 2% a la elaboración de un estudio de consultoría. Este informe "inútil", calificación del juez, quedó encomendado a una de las sociedades de Marjaliza y, en base a los indicios, sería una tapadera para el cobro del porcentaje de la comisión.
Los funcionarios y arquitectos técnicos firmaban convenios y expedientes de contratación a ciegas y bajo la presión del despido, tal y como relatan algunos en testimonios ante la Justicia. Existía un "grupo empresarial local" que recibía trato preferencial. Entre ellos, los dirigentes de la empresa Waiter Music que se adjudicó los contratos de las fiestas patronales de Valdemoro desde 2011 hasta 2014 o la concesión administrativa para la recogida de ropa usada directamente a favor de una de las sociedades de Marjaliza. En esta última, existieron "conversaciones para ofrecer un premio" si se aseguraba el amaño.
El precio de la reputación
Si bien la investigación etiqueta a Francisco Granados como el facilitador de los desmanes a nivel político y a David Marjaliza como el cerebro e intermediario empresarial, existe un tercer integrante crucial en el papel de conseguidor. El nombre de Alejandro de Pedro Llorca aflora en diferentes vertientes de la Operación Púnica.
El sumario establece vínculos de este empresario con dos exconsejeros del gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid: desde sus cargos públicos, Salvador Victoria y Lucía Figar habrían contratado a compañías de la trama para mejorar la reputación en internet de la región y de los miembros del ejecutivo autonómico.
Por otro lado, la documentación deja constancia de que el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, manipuló contratos públicos para favorecer a Eico On y Madiva, empresas de Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa. Obtuvo a cambio trabajos para reforzar su imagen 'online' y mediación para mantenerse al frente de la Diputación tras la muerte de Isabel Carrasco. Según grabaciones telefónicas reproducidas por la investigación, los intermediarios pretendían convencer de las bondades de Martínez Barazón a María Dolores de Cospedal explotando su influencia en el Partido Popular.
Técnicas expertas de blanqueo
El grueso del dinero exprimido de los amaños mediante comisiones irregulares aterrizó en el extranjero. El sumario documenta la existencia de 19 cuentas en Suiza a nombre de Granados y Marjaliza, según los informes emitidos por el país helvético. Dicha reseña recoge también los nombres de cuatro sociedades fantasma cuya misión supuestamente radicaba en ocultar millones de euros.
Precisamente para esconder y lavar fondos de origen ilícito, el juez Eloy Velasco cita los cuatro mecanismos a los que recurrieron los líderes de la Operación Púnica: la constitución de cuentas en países extranjeros donde opera el secreto bancario; el diseño de un complejo entramado de sociedades que, en muchos casos, figuraban con nombres distintos a los de sus administradores o propietarios reales (testaferros); inversiones en bienes cuyo valor no es objetivable, por ejemplo, transferencias ficticias de obras de arte a Singapur; y ocultación física de los bienes en los ya conocidos maletines, cajas fuertes o zulos.
A colación de esta obra de ingeniería financiera, el juez Eloy Velasco explica en el sumario sus fundadas sospechas de que parte de la fortuna amasada de manera irregular por Marjaliza y Granados permanezca oculta. En relación con el exsecretario general del Partido Popular, existe un informe de la Fiscalía Anticorrupción que respalda esta hipótesis.
Agujero millonario
Cartagena, Collado Villalba, Torrejón de Velasco, Parla, Móstoles, Serranillos del Valle, Casarrubuelos…conforman la lista de los Ayuntamientos que flirtearon con la Púnica. Aún es pronto para proponer cifras globales aunque la investigación hablara en un primer momento de 250 millones de euros en contratos amañados. Los empresarios que se adhirieron a la trama ofrecían dádivas y regalos de todo tipo a los cargos públicos: cabezas de toro, estilográficas de lujo, relojes comprados en el paraíso fiscal de la isla de Aruba o cuadros.
El caso continúa en fase de instrucción. Según ha trascendido en varias ocasiones, resulta crucial para la investigación en los últimos meses la colaboración de David Marjaliza con la Justicia, que le ha servido para abandonar la prisión provisional. El único imputado que permanece en la cárcel desde que el 27 de octubre de 2014 estallara la Operación Púnica es Francisco Granados, la persona que más se habría beneficiado de esta red de corrupción.