Luis Bárcenas ha declarado como testigo en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid por segunda vez en lo que llevamos de año. Lo ha hecho en el marco de la causa sobre el borrado de los ordenadores que utilizaba como exgerente del Partido Popular y ha vuelto a actuar igual que el pasado 3 de febrero. Entonces destacó que los discos duros de esos dos equipos contenían recibís de dinero procedente de la supuesta caja B de la formación, una carpeta con extractos de pagos y otros documentos. El extesorero ha sido más concreto este miércoles, aunque otra vez sin aportar una sola prueba.
La juez Rosa María Freire investiga presuntos delitos de encubrimiento y daños informáticos. Ambos los habría cometido el PP, imputado en su condición de persona jurídica, a través de tres de sus miembros también investigados: la actual gerente y sucesora de Bárcenas en el cargo, Carmen Navarro; el asesor jurídico, Alberto Durán; y el responsable de servicios informáticos, José Manuel Moreno. Según argumentan las acusaciones, entre las que figuran Izquierda Unida, Asociación Observatoria de Drets Humans (DESC) o la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), existen indicios de encubrimiento de la presunta financiación ilegal del partido, investigada en otra causa, y daños informáticos al extesorero porque habría perdido archivos personales.
Lista de archivos
Según fuentes presentes en el interrogatorio, Bárcenas ha hecho memoria sobre la lista de documentos que contenían los equipos y que le encargó en su día quien fuera juez de vigilancia penitenciaria, Javier Gómez de Liaño. Según el exgerente, había documentación sobre la caja B que afectaba a dirigentes del PP y donde se detallaban reuniones con donantes y quién se encargaría de cubrir los supuestos sobrecostes imprevistos en las campañas electorales.
Hablando sin apoyo documental, ha enumerado otros archivos con un listado con todos los donantes que financiaban la caja B, así como información de la compra de cuadros y de sus cuentas en Suiza. Se ha referido también a pantallazos donde Luis Molero, responsable de la contabilidad del PP, le daba indicaciones sobre los pagos en negro. En base a las mismas fuentes, Bárcenas habría insinuado que el único que también conoce estas relaciones es Álvaro Lapuerta, también extesorero del PP; y que la formación política guarda copia de estos datos.
Según Bárcenas, el actual vicesecretario general de Política Autonómica popular, Javier Arenas, medió en febrero de 2013 para que pudiera acceder a su despacho en la sede de la calle Génova. El exgerente relata que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, le denegó el acceso al edificio, una vez conocido el escándalo de los famosos papeles. En discordia con la versión del partido, ha defendido que su ordenador Toshiba, contaba con una contraseña de acceso que habría sido burlada para aplicar el protocolo de borrado.
Versión del Partido Popular
El Partido Popular se acogió el pasado 12 de febrero a su derecho a no declarar como imputado en el caso. Sí lo hizo su asesor jurídico citado en la misma condición. Alberto Durán aportó de alguna manera la postura oficial del partido. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Durán asumió ante la juez de instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, la responsabilidad de aplicar en 2013 el protocolo de protección de datos. Dicho de otra forma, se atribuyó la decisión de inhabilitar los equipos siempre asumiendo el reglamento interno de la formación.
Como representante también de la persona jurídica del PP, Durán se limitó a leer un papel. Un documento que subrayaba la colaboración del partido con la Justicia, pese a no responder a las preguntas de las partes, y que insistía en que los ordenadores utilizados por Bárcenas estaban vacíos. En dicha nota, posteriormente difundida en forma de comunicado, el PP subrayó su "escrupuloso respeto" hacia la ley y defiendió la actuación de la gerente y tesorera del partido, Carmen Navarro, también investigada, así como del asesor jurídico Alberto Durán y el responsable del sistema de información, José Manuel Moreno.
La formación política alegó que, siguiendo los protocolos internos supervisados por Navarro, los ordenadores utilizados por Bárcenas, pero "propiedad" del partido, "fueron abandonados sin información, dato, archivo, registro o programa de ningún tipo". La investigación se encontró los aparatos destruidos a martillazos.